Desde San Lázaro

Es la sobrerrepresentación, no se distraigan

El espíritu del constituyente es claro y concluyente: no debe darse una distorsión del voto y menos quitarle espacios a las minorías en el Congreso federal.

El autoritarismo requiere de contar con la mayoría calificada en el Congreso federal para aprobar cualquier reforma constitucional sin necesidad de negociar con la oposición, por ello, la prioridad es que la autoridad electoral resuelva la eventual sobrerrepresentación por arriba del 8 por ciento para Morena y sus aliados.

Ante el inminente agandalle que se vislumbra, los opositores ya anunciaron que impugnarán la asignación de diputados de representación proporcional que haga el INE en el mes de agosto por arriba del 8 por ciento de sobrerrepresentación que dispone la Carta Magna como tope.

El INE debe establecer el número de legisladores que tendrán los partidos políticos en la Cámara de Senadores y la de Diputados, luego de que se resuelvan las impugnaciones, derivadas de los comicios del 2 de junio.

Es evidente que alcanzar las dos terceras partes, 334 de los 500 diputados, que conforman este órgano deliberativo, es la máxima prioridad que tiene el presidente López Obrador y, por ello, ejerce todo tipo de presiones al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para alcanzar este objetivo que a todas luces no corresponde al número de votos que alcanzó Morena y rémoras.

La sobrerrepresentación legislativa no debe ser superior al 8 por ciento respecto de la votación que recibió durante las elecciones.

Si una fuerza política tiene sobrerrepresentación, significa que en esa misma proporción, los opositores estarán sobrerrepresentados.

El artículo 54 de la Constitución, en su fracción V dice: En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional.

Esto quiere decir que si un partido político obtiene 50 por ciento de la votación, solo podrá contar con un máximo de 58 por ciento de los 500 diputados. Sin embargo, el pasado 5 de junio, calculó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde —en una atribución que no le corresponde—, una estimación de curules que le otorga a Morena, PVEM y PT el 74 por ciento de la Cámara baja, casi 20 puntos por encima de la votación que obtuvieron del 54.7 por ciento, según los cómputos distritales del INE. Ello significa que vale más un voto por el gobierno que un voto por la oposición.

El espíritu del constituyente es claro y concluyente, no debe darse una distorsión del voto y menos quitarle espacios a las minorías en el Congreso federal.

En la lógica del gobierno de AMLO es darle una sobrerrepresentación a Morena y aliados del 19 por ciento.

En estos momentos el INE está dividido en dos bloques; uno, los chicos de Taddei que son proclives al oficialismo; otro, que busca a toda costa que impere el respeto irrestricto al orden constitucional y a las leyes electorales; y es en este escenario en el que deberá pronunciarse este organismo respecto al criterio de la sobrerrepresentación.

La pregunta es sobre quién se aplica este criterio. Si por coalición o por partido, en esta lógica está el quid del asunto y, por ello, desde ahora opera el oficialismo para quitarle diputados a PVEM y PT para sumarlos a Morena.

El consejero electoral Martín Faz Mora detalló que la asignación de diputaciones plurinominales se realizará conforme al acuerdo del INE del 7 de diciembre de 2023, en donde se señala que los límites para la sobrerrepresentación se fijarán por partidos y no por coalición.

Desde ahora se da como un hecho que el INE de Taddei se pronunciará por darle a Morena y sus aliados una sobrerrepresentación de casi el 19 por ciento y no el 8 por ciento que marca la Constitución, entonces el balón pasará a la cancha del Tribunal Electoral y allí como están las cosas, pues será casi una misión imposible que los magistrados que comanda Mónica Soto se opongan a tal repartición y con ello se habrán hecho el harakiri, en virtud de que, por ejemplo, la reforma judicial de AMLO se aprobará en el Congreso y con ello se quedarán sin trabajo estos jueces y otros tantos más.

Desde luego, no se trata de que se pronuncien para salvar sus chambas, sino por preservar el régimen democrático y la división de poderes.

Así que, señores, no se distraigan y no se hagan bolas, el tema de fondo y toral para los próximos años es la conformación del Congreso federal; lo demás son fuegos artificiales y cortinas de humo que se despliegan todas las mañanas desde el Palacio Nacional.

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