La presentación de la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico, enmarcada en el Plan Nacional de Energía, con una inversión de 23 mil 400 millones de dólares, causó una grata impresión entre los empresarios, aunque arquearon el ceño con la inminente desaparición de los organismos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano que garantiza la estabilidad en el suministro de energía eléctrica y cuenta con autonomía técnica y operativa, además de eliminar también la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), cuyas funciones las asumiría la Secretaría de Energía.
Desde luego, la apertura mostrada hacia la iniciativa privada mostrada en la cogeneración de energía eléctrica contrasta notablemente con la de López Obrador y Manuel Bartlett, sobre todo en privilegiar la generación de energías renovables o limpias, en lugar de quemar combustibles fósiles como el combustóleo o el carbón, tal como lo impulsó el anterior gobierno.
Entre las nuevas condiciones que marca la estrategia referida está que la CFE podrá recibir energía de la IP al tiempo de participar en proyectos “mixtos” con un tope de inversión del 46%.
Otra buena noticia es que se amplía de 500 a 700 kilowatts el autoconsumo para hogares y pequeñas empresas, además de que con base en la transparencia las grandes empresas generadoras pagarán una tarifa por conexión a la red de la CFE.
Emilia Esther Calleja, directora general de la CFE, explicó que la inversión derivará en un sistema eléctrico robusto y sobre todo confiable que añadirá 13 mil 24 megawatts al país.
Con el retorno a Pemex y CFE como empresas públicas del Estado, en lugar de empresas productivas del Estado, y que a la postre en mi opinión es lo mismo, porque ambas entidades funcionan bajo las reglas de operación comerciales, se pretende manejar el discurso propagandista de la 4T por la “soberanía de México”, pero con reglas que abren la puerta al capital privado.
En cualquiera de los casos, es loable que se establezca el objetivo de mantener las tarifas eléctricas sin incrementos superiores a la inflación y al alcance de los hogares más pobres y que se busque utilizar fuentes renovables de energía.
Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, especificó que el Plan Nacional de Energía tiene cuatro ejes; el fortalecimiento del sector eléctrico nacional; alcanzar la justicia energética; garantizar un sistema eléctrico confiable y seguro y, por último, tener reglas claras para asegurar e incrementar la inversión privada.
La certidumbre se gana a través de establecer claramente las reglas del juego y respetarlas y no cambiarlas a la mitad del camino, como ocurrió precisamente en la administración de AMLO.
Ahora con los esquemas de participación de la IP en el sector eléctrico delineados por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum (capital privado del 46%, contratos de largo plazo, la nueva figura de “productores mixtos” y la venta de energía eléctrica de forma lícita) se abre una ventana de oportunidad para captar grandes inversiones nacionales y extranjeras, incluso para llegar fuertes a la renegociación del T-MEC con el gobierno de Donald Trump.
Se percibe que la jefa del Ejecutivo federal está entre la espada y la pared, ya que, por un lado, tiene la marcación personal de López Obrador y sus incondicionales para no irse por la libre, y por otro, ella quiere desplegar sus alas con independencia para incorporar a México en la ruta del crecimiento económico con justicia social, bajo su visión humanista, ecologista y educativa.
Mientras son peras o son manzanas, vemos algunos rasgos alentadores del nuevo gobierno que, por lo menos, garantizan ciertas condiciones de apertura al sector privado, aunque, a fuerza de ser sinceros, lo hacen porque sin el capital privado el gobierno no tiene la capacidad financiera per se para detonar el crecimiento en campos como el energético, el alimentario, telecomunicaciones, vivienda y otros tantos sectores, que necesitan recursos frescos para retomar el camino del crecimiento.
A nuevas inversiones, más empleos formales y mayor captación tributaria, lo que permite, entre otras cosas, fondear los programas de política social que regalan dinero público a los beneficiarios.
Así que, lectores queridos, parece que se acabarán los apagones, se mantendrán las tarifas eléctricas bajas y se abatirá la polución que envenena a los habitantes de las grandes ciudades, como la CDMX y Monterrey, por la porquería que queman las refinerías y las plantas termoeléctricas.