La consistencia mostrada por algunos gobernadores al encabezar el ranking de los mandatarios estatales es loable, debido a que el ejercicio de gobernar implica desgastes naturales, al no poder cumplir con las demandas de la ciudadanía y también porque los problemas derivados de la inseguridad y el crecimiento económico que se dan en el país contamina necesariamente a todas las entidades.
De acuerdo a la más reciente encuesta publicada por Massive Caller, cuyos resultados ya son públicos, coincide con otras casas encuestadoras en ubicar a Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa, como el mejor calificado en cuanto a tener la mejor aprobación por sus gobernados, amén de gozar de su confianza.
En el top ten se mantienen los gobernadores de Yucatán, el panista Mauricio Vila; de Sonora (PRI), Claudia Pavlovich; Miguel Ángel Riquelme (PRI), de Coahuila; Diego Sinhue (PAN), Guanajuato; Juan Manuel Carreras (PRI) SLP; y el panista Francisco Domínguez, de Querétaro. Después de ellos entran y salen otros mandatarios de ese cuadro de lujo, conforme a los aciertos y desaciertos que hayan tenido en el periodo evaluado.
Esta evaluación vista en el contexto de las elecciones intermedias del próximo año, nos indica que difícilmente ocurra la alternancia en esas entidades, ya que los votantes están satisfechos con la actuación de su gobernante.
Así que Sinaloa, Sonora, Querétaro, SLP e incluso Guerrero, estados en donde habrá elección de gobernador el próximo año, es poco factible que el partido gobernante pierda la elección.
Caso contrario ocurre en Baja California Sur, Nayarit, Colima, Campeche, Tlaxcala y Zacatecas, que gobiernan PAN y PRI, y en las cuales seguramente irrumpirá otro partido político diferente al que hoy ostenta la gubernatura.
En el mapa electoral de la República está perfectamente definido sobre por cuáles estados va Morena y por ello trata de afianzar a los superdelegados nombrados por AMLO, para en su momento, ser ellos quienes abanderen la causa de ese partido, tal como ocurrió en Baja California, en donde el superdelegado Jaime Bonilla ganó la elección para gobernador.
Así que, estimado lector, habría que considerar que cualquier decisión tomada en Palacio Nacional y en el búnker de Morena, que por ahora se encuentra dividido, tiene como objetivo principal hacerse del poder en la mayor parte de las gubernaturas que estarán en juego en la elección intermedia de 2021.
Desde la implantación del Insabi que conlleva arrebatarle a los gobernadores el presupuesto del sector salud para centralizarlo, hasta el manejo político partidista de los recursos federales en torno a la seguridad pública.
Si no me cree, pregúntele a cualquier gobernador de oposición, particularmente del PAN, PRD, MC o independiente, cómo les escatiman el envío del presupuesto etiquetado en el rubro de seguridad pública, además del apoyo de la Guardia Nacional.
Por desgracia y aunque estamos apenas a mediados de febrero, faltando más de un año y meses para que se cumpla la cita con las urnas en 2021, ya se está haciendo uso faccioso y partidista de todos los recursos que tiene a la mano el gobierno federal para llevar agua a su molino.
Cuando se observa bajo esta lupa las decisiones que se están tomando, se esclarece el sentido de las mismas.
La aspiración de AMLO es cambiar totalmente el espectro político del país a raíz de los resultados de las elecciones intermedias, en las cuales el PRI y el PAN solo tendrán bajo su égida por lo mucho siete gubernaturas en conjunto, todas los demás, más la mayoría en la Cámara de Diputados federal, serán de Morena.
Claro, falta lo que digan los electores y ver qué impacto tiene en este escenario los nuevos partidos políticos.