Llega la izquierda al poder y de inmediato pone en el paredón de los acusados a los empresarios con la guillotina que se blande desde el SAT y ahora desde la Cámara de Senadores con leyes que se equiparan al terrorismo fiscal.
El doble discurso esgrimido desde Palacio Nacional y secundado por otros funcionarios en torno a los contribuyentes cautivos del país, que por un lado se les recalca que son necesarios para el desarrollo y por otro se les persigue y se les exprime.
Bien por el gobierno que combata a los evasores fiscales, mal que los impuestos se tiren en un barril sin fondo en programas sociales que no van a paliar la pobreza y sí fomentar la mediocridad y la marginación.
Los programas sociales de López Obrador están diseñados para crear una base político- electoral y no para combatir el flagelo que representa tener a media población sumida en el franco subdesarrollo
Dice Margarita Ríos-Farjat, titular del SAT, que hay una percepción de incumplimiento, un abuso del que se deje y eso refleja una falta de solidaridad salvaje.
En este entorno, legisladores de Morena impulsan diversas reformas fiscales para captar más ingresos que permitan cubrir la extraordinaria demanda de recursos que requiere la 4T para consolidarse en el poder.
En el Paquete Económico 2020 ya se esbozan nuevos gravámenes y seguramente después de que pasen las elecciones intermedias, descubriremos la verdadera cara del gobierno con una reforma fiscal que obviamente va asfixiar a la base tributaria.
Mientras tanto, en el Senado se aprobó equiparar a la facturación apócrifa, el contrabando y la defraudación fiscal con delitos como delincuencia organizada y terrorismo.
En la misma Cámara alta los senadores de oposición piensan llevar este caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar la desproporcionalidad de las sanciones que pone en riesgo a cualquier contribuyente, además de que se manda un mensaje de terrorismo fiscal.
Mauricio Kuri, coordinador del PAN en el Senado, lamentó que este gobierno sea de ocurrencias y que se niegue a reglamentar la informalidad que representa el 60 por ciento de las ventas.
La acción de inconstitucionalidad que piensan interponer los legisladores inconformes se basa en el principio de equidad que resguarda la Carta Magna, ya que se mide a los contribuyentes cumplidos igual que a los defraudadores.
En lugar de que el presidente Obrador aliente a los empresarios a producir, generar empleos y obviamente pagar impuestos, considerando al gobierno como un facilitador en esas tareas, se dedica a criticar a los legisladores y a la iniciativa privada que se opone a los nuevos ordenamientos aprobados en el senado.
Veremos en qué termina esto, pero mientras se siga con la política del garrote a los contribuyentes, pues olvídense de crecer a niveles ya no digamos del 4 por ciento, sino en evitar la recesión económica por un decremento negativo en el PIB.