Desde San Lázaro

Daño colateral por la ley antifactura

Esta semana podría subirse al Pleno de Diputados, aunque los detractores están solicitando que se retrase la discusión para dar paso a la aprobación del Paquete Económico 2020.

La tentación de varios empresarios que están preocupados por la ley antifactureras, esa que equipara a los delitos fiscales con delincuencia organizada, en caso de ser aprobada, está del lado de la opción de cerrar sus negocios y marcharse del país y aunque suene extrema la medida, es una posibilidad real y no porque sean defraudadores, sino por el daño colateral que ocasionará la tan cuestionada ley.

Lo que sin duda provocará la reforma para combatir la defraudación fiscal, mediante facturas falsas y empresas fantasma, es el desplome de la recaudación de impuestos que por otras razones ya se empieza a padecer en las finanzas públicas en este año.

La nula receptividad de Morena y partidos afines en el Congreso, hace virtualmente imposible que den marcha atrás, no obstante la promesa de los propios legisladores y funcionarios de primer nivel del gobierno, de reconsiderar el asunto.

No se trata de que los causantes cautivos que se oponen a esta medida estén a favor de la defraudación fiscal; al contrario, existe una tendencia favorable a que se combata, pero de eso a poner tras las rejas a un contribuyente por errores ajenos, es otro asunto que viola los preceptos constitucionales que hablan sobre los derechos fundamentales que tienen los mexicanos.

Durante los encuentros de Parlamento Abierto sobre este tema, ya se puso en la mesa por parte de los representantes de las principales cámaras que agrupan a empresarios e industriales del país, a recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar atrás la ley.

Juvenal Lobato, vicepresidente de la Comisión Fiscal de Coparmex, advirtió que de aprobarse la reforma en los términos del Senado, en el futuro se pueden presentar amparos o una acción de inconstitucionalidad porque "hay un fraude a la Constitución".

Habría que recordar que los delitos fiscales no están considerados en el catálogo del artículo 19 constitucional sobre la prisión preventiva.

Así las cosas, en la Cámara de Diputados se prepara todo para que esta semana se discuta en el Pleno, aunque los detractores de la ley están solicitando que por lo menos se retrase la discusión para dar paso a la aprobación del Paquete Económico 2020.

La petición de los representantes del sector privado es no legislar al vapor en un tema tan relevante, por lo que se requiere de más tiempo para redactar de manera más ajustada al texto constitucional y sobre todo más adecuada a los tiempos que vive el país, en donde las perspectivas de crecimiento del PIB, la inversión y del empleo se mantienen desfavorables para el siguiente año.

El presidente López Obrador debe considerar que este golpe a la base tributaria del país pone en riesgo las metas de recaudación en virtud de que, por el temor de no ser considerado como defraudador fiscal y por ende ser castigado con la cárcel, pues en automático caerá principalmente la inversión y la recaudación.

En cualquiera de los casos, ya sea que prevalezca la opinión de los diputados de Morena y compinches por aprobar la reforma contra el fraude fiscal, o recapaciten y se considere al sector privado, lo más conveniente es que se continúe con el análisis y la ponderación de todas las aristas para que en general, sea el país el principal beneficiado con la implementación de este nuevo marco legal

Si consideramos que el sector informal y el flujo de efectivo que se maneja al margen del sistema bancario son relevantes, pues con estas acciones, seguramente se incrementarán los ciudadanos que opten por estas opciones en lugar de meterse en un embrollo causado por el daño colateral que implica la reforma.

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