Lo que mal empieza mal acaba, dice la conseja popular y eso es exactamente lo que está pasando en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19.
Se prefiere inocular a los siervos de la nación que no son otra cosa que brigadas con tintes socialistas de adoctrinamiento político, en lugar del personal médico que trabaja en hospitales privados en la primera línea de combate al Coronavirus.
Se vacunan primero a funcionarios de la 4T y sus familiares, que al personal de los hospitales públicos y adultos mayores
Mientras que en otros países la vacunación es una tarea de 7x24 aquí es a cuentagotas.
En Israel estará vacunada toda su población, casi 9 millones de personas, en dos meses. En Estados Unidos se han inoculado a 13 millones de personas y en México se han aplicado 95 mil a sólo unos cuantos y de ellos, los consentidos del régimen.
Aquí, con fanfarrias y vítores se celebra que lleguen los cargamentos, aunque éstos sirvan tan solo para darle un curita a un enfermo en etapa terminal.
Ahora anuncian que en las próximas dos semanas no llegarán vacunas por un ajuste en la producción de Pfizer.
El propósito final del presidente López Obrador es capitalizar en votos la aplicación del antígeno y ello será mejor en la víspera de la elección del próximo 6 de junio.
Mientras ello ocurre, se vacunarán a los 22 mil siervos de la nación y a otros afortunados que prestan sus valiosos servicios en el actual régimen.
La ineptitud y la perversidad se juntan en un coctel molotov que mata a diario a cientos de mexicanos que, de acuerdo a las cifras oficiales, son más de mil muertos por día y que en la realidad son del orden de tres mil. En cualquiera de los casos son personas que pudieron salvarse al estar vacunados.
La diputada federal por el PRD, Claudia Reyes Montiel, lamentó que, ante el aumento de enfermos y muertos por Covid-19 se dé un uso político de la vacuna, sin importar que esta acción sea éticamente reprobable y viole los protocolos establecidos, para favorecer a los servidores de la nación.
Condenó esta acción y demandó al gobierno federal, al titular del Poder Ejecutivo y a su partido que no utilicen los recursos públicos ni la vacuna como una estrategia de campaña y mejor se enfoquen en solucionar los problemas que presenta la estrategia de vacunación.
Los ciervos de la nación fueron promotores del voto de Morena y del Presidente en 2018, y actualmente son más de 22 mil personas, entre enlaces y personal administrativo, que ha armado una estructura nacional para promocionar los programas sociales y ahora se les ha asignado integrar las brigadas de vacunación.
La incapacidad del gobierno federal y la decisión del presidente de la República de centralizar la aplicación de las vacunas han generado abusos y anarquía, y permitido que funcionarios públicos que no están en la primera línea de combate al Covid-19 se salten el orden y se vacunen.
Esta decisión se liga de manera sospechosa con la propuesta de que sea la Secretaría de Salud la que designe a 'superdelegados' en los estados para coordinar las brigadas de vacunación, según un anteproyecto enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
En lugar de que en Palacio Nacional se definan los grupos de la población a vacunar, es preferible y así lo señala la ley, que sea el Consejo Nacional de Vacunación, instancia que tiene una amplia experiencia en campañas de vacunación, cuenta con los mecanismos de coordinación necesaria entre los tres niveles de gobierno y el respaldo de especialistas e instituciones públicas y privadas. La única razón por la cual el Presidente y Morena dejan fuera a esta institución, es porque quieren controlar las vacunas para sacarle provecho rumbo a las elecciones del 6 de junio
Por su parte, el vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD, José Guadalupe Aguilera Rojas, exigió al gobierno federal transparentar toda la información relativa a la aplicación y compra de vacunas contra la Covid-19.
El gobierno federal debe acatar la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública, en lugar de encubrir su opacidad con ataques a los órganos autónomos facultados para garantizar este derecho de la ciudadanía", indicó
La información relativa a las vacunas contra el Covid-19, incluida la de los contratos con las empresas proveedoras de las mismas, es de interés público, por ser relevante y beneficiosa para la sociedad, por lo que debe apegarse al principio de máxima publicidad.
El legislador federal por Michoacán señaló que, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información en poder del gobierno federal debe ser pública, completa, oportuna y accesible, y que aun cuando se prevén excepciones, éstas no son aplicables a temas sanitarios.
En particular, destacó que el artículo 70 de la misma obliga a toda entidad pública a transparentar, entre otros, los contratos y convenios, así como procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza que den lugar a tales contratos y convenios.
En fin, estamos ante un fallido y erróneo arranque de la campaña que solo anticipa vislumbrar el fracaso y no porque uno lo quiera, sino por los yerros y perversiones que se observan hasta ahora.
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