"Sin más presupuesto es una entelequia combatir al hampa".
A la hora de repartir culpas, todos escupen para arriba y más en el tema de la seguridad pública.
Ahora resulta que el presidente López Obrador con Alfonso Durazo y Olga Sánchez Cordero han descubierto el hilo negro al acusar a algunos gobernadores, por supuesto no dan nombres, de no levantarse temprano para acudir a sus Consejos Estatales de Seguridad o peor aún, ser omisos ante el problema.
Acusó la titular de Segob falta de compromiso y de voluntad política de parte de los mandatarios por no atender oportuna y contundentemente el tema de la violencia y la delincuencia en sus estados.
Desde los tiempos de Felipe Calderón se hablaba de que los mandatarios estatales no hacían la tarea, al delegar el problema al gobierno federal e incluso se mencionaba que algunos estaban coludidos con el hampa.
Una de las propuestas de Enrique Peña Nieto fue precisamente establecer los mecanismos institucionales de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, todo ello bajo la égida de la Segob, para obligarlos hacer la tarea.
Después de un año, la curva de aprendizaje se han dado cuenta que para combatir el flagelo de la inseguridad se requiere la participación de todos y con mayor razón de los gobernadores y por ello se ha decidido no solo acusarlos, sino, fiel estilo de la casa, ajusticiarlos mediáticamente.
Cuando uno platica con algún gober, siempre sale a relucir el tema de los recursos económicos ya que el fondeo para combatir a los criminales viene directamente de las arcas del gobierno federal.
Así las cosas, mientras que los presupuestos estatales en materia de seguridad se mantienen en el mismo rango, el billete que mueve la delincuencia crece exponencialmente tanto en sus capacidades económicas como en armamento y número de malandros.
En estos momentos en que los índices delictivos se han disparado en todo el país, no existe en las entidades federativas la capacidad, por sí solas, de combatirlos. Se requiere la participación del gobierno federal, ahora con la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas para apoyarlos, además de una inyección relevante de recursos presupuestales.
Los gobernadores requieren urgentemente más presupuesto para actuar.
De nada sirve lincharlos mediáticamente, si el gobierno de la 4T no tiene los mecanismos de coordinación con ellos debidamente operando y menos la dotación de mayores incrementos presupuestales.
Se necesitan más policías mejor pagados y capacitados, sistemas de inteligencia, armamento, así como equipos de comunicación, patrullas, etcétera.
El problema de fondo es que buena parte del Presupuesto federal para 2020 se va ir a los programas asistenciales de AMLO y sus tres obras de relumbrón como son la base aérea de Santa Lucía, que no será un aeropuerto de envergadura; la refinería de Dos Bocas, que será tragada por el mar; y el Tren Maya que como el de Toluca, quedará inconcluso, que en atender el mayor problema que tiene el país y que es la inseguridad.
Los últimos acontecimientos sangrientos que ocurrieron con la familia LeBarón y en Villa Unión, Coahuila, por desgracia son tan solo la punta de un iceberg podrido que requiere que todas las capacidades del gobierno se destinen a resolverlo. De no hacerlo, no solo Trump estará pronto a acudir a atenderlo, con el pretexto que es narcoterrorismo, sino que, con la declaración de un Estado fallido, puede ocurrir una revuelta social.
No es exagerado mencionar que buena parte de la sociedad, llamémosle 'los buenos' buscan otras medidas de autoprotección para defenderse de los delincuentes.
No señores, el Estado debe canalizar muchos más recursos presupuestarios para revertir el problema, de no hacerlo es postergar un asunto que de suyo ya rebasó al gobierno.
Esto lo saben todos los gobernadores, incluyendo la jefa de Gobierno y por supuesto el mismo presidente de la república, pero pues ahora las prioridades son otras.