Desde San Lázaro

Impulsa Morena despojo de inmuebles en renta

La medida, además de vulnerar garantías constitucionales como el derecho a la seguridad jurídica de los arrendadores, implica una desaceleración del sector inmobiliario.

Más allá del albazo legislativo y jurídico que se pretende dar en el Congreso local de la CDMX, en contra de los propietarios de inmuebles destinados al arrendamiento, subyace un grave resentimiento social de los diputados locales de Morena que llevan meses intentando despojar a los arrendadores de sus propiedades con el pretexto, primero, de la inclusión social y el derecho a la vivienda que deben tener todos los mexicanos, y ahora, con la pandemia.

Martha Ávila Ventura y Valentina Batres Guadarrama, legisladoras de Morena, presentaron la iniciativa de ley sobre la relación entre arrendatarios con inquilinos para garantizar el derecho a la vivienda frente a la crisis generada por el Covid-19.

Esta iniciativa contempla cambios y adhesiones al Código Civil, en donde se prevé que, en casos excepcionales, las personas inquilinas puedan solicitar a los propietarios arreglos o negociación, que dependerá de la voluntad mutua, para ajustar los términos del contrato.

Sin embargo, ya en la ponderación de la iniciativa en cuestión se plantea que no se exija más de un mes de anticipo; que no se solicite fianza o un fiador, propietario de algún bien inmueble; que no haya desalojos; que no haya desocupación en caso de población vulnerable, sin la presencia de personal que brinde la asistencia psicosocial o de cualquier otro carácter.

Sólo les faltó plantear, a las legisladoras proponentes, que los dueños de inmuebles deben de darles sus propiedades a los inquilinos morosos.

Desde luego, nadie en su sano juicio apoya está moción, salvo, claro está, aquellos vivales que pretenden despojar de sus inmuebles a personas que legalmente han adquirido una propiedad y luego hayan decidido rentarla.

Por su parte, la Coparmex en la capital del país lanzó un llamado al Congreso de la Ciudad de México para generar una discusión más amplia sobre las propuestas de reformas al Código Civil en materia de arrendamiento, pues ponen en peligro el derecho a la propiedad en la capital.

Los empresarios de la CDMX, dicen, están convencidos de que el Estado es el responsable de garantizar el derecho humano a la vivienda de los capitalinos a través de la creación de instrumentos y mecanismos en la ley; pero no puede trasladar esa responsabilidad para que sean los particulares dueños de inmuebles quienes garanticen este derecho fundamental.

"Quienes integramos el Centro Empresarial de la Ciudad de México somos sensibles a las consecuencias económicas y sociales ocasionadas por la pandemia, por lo que estamos a favor de coadyuvar con el gobierno a encontrar mecanismos extraordinarios para auxiliar a quienes habitamos la CDMX durante la contingencia sanitaria, pero estas medidas no deben vulnerar la certeza jurídica, ni poner en riesgo las propiedades de particulares".

Las medidas propuestas por la bancada de Morena en el Congreso local, además de vulnerar garantías constitucionales como el derecho a la seguridad jurídica de los arrendadores, implica una desaceleración del sector inmobiliario, ya de por sí golpeado por la pandemia mundial.

Lo que, por un lado, frenaría la competitividad de la Ciudad de México, y por el otro encarecería los precios de los arrendamientos, derivado en una poca oferta de inmuebles para arrendar.

Califica la Coparmex como ilegal la consulta ciudadana propuesta por el Congreso de la Ciudad de México con respecto a la ley, pues de ninguna manera se pueden poner a consulta derechos garantizados por la Constitución a todos los mexicanos.

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