La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tiene un rol relevante en que el desencuentro que se ha dado entre el presidente y las organizaciones civiles y sectores de la sociedad, agraviados por el retiro de los fondos públicos a programas que apoyan a mujeres víctimas de violencia, se solvente de la mejor manera y no sólo se constriña a asignar recursos económicos directamente a ellas.
Estamos hablando de 346 millones de pesos que deben quedar etiquetados para la Red Nacional de Refugios (RNR), en donde se atiende a 20 mil mujeres víctimas de violencia.
López Obrador ha insistido en que ya no se van a destinar recursos a asociaciones civiles ni a ningún intermediario que emprenda programas sociales que tengan que ver con guarderías y con protección a sectores vulnerables de la población.
El presidente argumenta que ha habido opacidad en el manejo de los recursos públicos, y por ello ahora se destinará la ayuda directamente, sin importar qué tanto han ayudado a que esa población atendida salga adelante.
Es tanta la inconformidad de la ciudadanía ante esta postura que en redes sociales hay diversos colectivos que trabajan para, uno, que el gobierno de AMLO reconsidere su postura; y otro, que organismos internacionales y nacionales fondeen los programas y a las instituciones que quedarán desamparadas con la medida.
Wendy Figueroa Morales, directora general de la RNR, resaltó que la estrategia de dar directamente los recursos a las mujeres víctimas de violencia es improcedente, pues destruye toda la política pública en materia de derechos humanos e igualdad sustantiva que se ha ido construyendo desde hace varios años.
"Las mujeres víctimas de violencia extrema requieren protección, apoyo inmediato y atención integral especializada, ya que su vida y la de sus hijos corren peligro y una ayuda económica no restaura derechos, no salva vidas", afirmó.
La activista dijo que las organizaciones de la sociedad civil constituyen uno de los ejes internacionales de derechos humanos, ya que han hecho un trabajo fundamental en la prevención, atención y eliminación de la violencia contra las mujeres, y con estas políticas el gobierno mexicano incumple acuerdos internacionales.
Desde San Lázaro, diversas legisladoras de varios partidos políticos respaldaron a RNR a grado tal que hacen un exhorto al titular del Ejecutivo federal para que rectifique su decisión.
Las diputadas Martha Tagle, de MC; Lorena Villavicencio y Rocío Barrera, de Morena, y Verónica Juárez Piña, del PRD, señalaron que en diciembre pasado los legisladores aprobaron un Presupuesto que se debe respetar, por lo que conminaron al Ejecutivo y a legisladores a trabajar de la mano para mantener ese apoyo. "Es un tema que le duele al país".
Los refugios son espacios que han ganado las mujeres, y como apunta la diputada Verónica Juárez Piña, para muchas significa seguridad, atención, acompañamiento, vida y sobrevivencia.
Villavicencio apuntó que ser mujer es un riesgo y los refugios salvaguardan la integridad y vida de este sector de la población, y en el fondo es, quizá, la única política de prevención para frenar el tema de violencia, por ello, expresó su respaldo a la lucha de la RNR.
El presidente busca pretextos que justifiquen terminar con los recursos que el gobierno canaliza a las organizaciones de la sociedad civil, para luego crear una nueva generación de programas sociales, donde su gobierno genere clientelismo político-electoral. Por lo tanto, no le interesa que se vean afectadas las mujeres víctimas de la violencia y que son atendidas y rescatadas por la RNR.