Después de la alternancia viene nuevamente una reforma electoral, en la que los ganadores le impregnan su sello reformista a todo el entramado legal, en el que predomina la visión de los que tienen y ejercen el poder.
Para ello ya se llevan a cabo los foros de consulta en San Lázaro, que buscarán justificar y claro, en algunos temas, enriquecer lo que ya se tiene concebido desde la Presidencia de la República.
Como grupo mayoritario en ambas cámaras, Morena tratará de darle un tinte democrático e incluyente a todo el proceso de consulta a la sociedad, pero como ha pasado en otros foros, como el educativo o el de seguridad pública, a final de cuentas se termina haciendo lo que quiere Andrés Manuel López Obrador.
El proceso legislativo para la aprobación de la nueva reforma electoral y del Estado enfrentará escollos de envergadura mayor en el Senado, en donde el bloque opositor impide que sus adversarios obtengan la mayoría calificada, y con ello parar en seco la nueva ingeniería legal-electoral.
Como objetivo toral de estas reformas está la austeridad, que busca, primordialmente, reducir el salario de los consejeros y funcionarios del INE, desaparecer las OPLES para que asuman sus funciones los consejos locales, y reducir el financiamiento de los partidos.
Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, precisó que el objetivo de la reforma es reducir el costo de la política, que significa disminuir el de los partidos políticos. En ese sentido, ya existe una propuesta para bajar el financiamiento público a la mitad.
En relación a los recortes a los órganos electorales, dice el diputado: "No podemos cruzarnos de brazos y aceptar que somos la democracia más cara del mundo", sin embargo habría que cuidar que no pierdan eficacia, como ya ocurrido en otros organismos que padecen recortes presupuestales que afectan a la población.
Cierto, se requieren ajustes quirúrgicos que reduzcan la carga presupuestal a las finanzas del Estado, y de eso se trataría el contenido de esta reforma, empero, esperamos que prevalezcan estos criterios y no el revanchismo contra una institución que no se ha plegado a los designios del presidente de la república.
Lo que subyace en estas propuestas es conservar el poder y mantener bajo control al INE, que si se preserva intacto el artículo 35 constitucional, es el responsable de organizar y validar las consultas populares, que tienen como la joya de la corona la revocación de mandato a celebrarse el mismo día de la elección intermedia de 2021.
En la iniciativa que impulsa Morena se tiene en la mira la reducción o eliminación de escaños y curules plurinominales, figura que, cuando eran tiempos de la hegemonía del PRI, los partidos de oposición buscaron como una bandera para redimir sus causas con voces en el Congreso.
Hoy esa izquierda, enfundada en las casacas de Morena, presiona para terminar con los representantes de las minorías, que de no existir la representación plurinominal no tendrían cabida en ambas cámaras.
Si se trata de adelgazar al Poder Legislativo se debería ponderar la reducción de curules y escaños, tanto de mayoría como plurinominales, bajo criterios de pluralidad, inclusión y respeto a las minorías.
Nadie en su sano juicio se opone a que se reduzca el número de diputados y senadores, pero de eso a construir una aplanadora legislativa que dé mayoría a cualquier reforma, por absurda que parezca, hay una diferencia abismal que implica estar en camino de una dictadura.