Reforma judicial, inacabada
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Reforma judicial, inacabada

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Reforma judicial, inacabada

13/02/2020
Actualización 13/02/2020 - 14:11

La tan esperada reforma judicial que presentó ayer el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, no cumplió con las expectativas que se esperaba de ella, por lo que seguramente en el Congreso le meterán mano para establecer un nuevo y robusto andamiaje jurídico que permita garantizar que haya justicia para todos sin menoscabo de su condición social, económica o política; de erradicar la corrupción y garantizar la plena independencia del Poder Judicial.

Las reformas que ya ha hecho Zaldívar Lelo de Larrea en su administración, han abonado al combate a la corrupción en el Poder Judicial de la Federación (PJF), al nepotismo y la impunidad, sin embargo, aún son frecuentes los casos de jueces implicados en conductas inapropiadas que conducen a la sanción correspondiente.

La formación de un nuevo perfil del juzgador y la juzgadora federal; la consolidación de un Instituto Federal de Defensoría Pública más eficiente y cercano a la gente, que sirva a los más pobres y necesitados, son algunas de las acciones de las que se presume, pero son inacabadas mientras que en la práctica ocurra que solo se aplique la justicia contra los que no tienen dinero para sobornar a los jueces.

El presidente ministro reconoció que una de las grandes deudas del Poder Judicial es con las mujeres, y aunque está muy lejos de lograr la paridad de género y de proveer un entorno laboral igualitario, una de las mayores apuestas de la reforma es alcanzar la paridad de género en todas las categorías.

Desde San Lázaro, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática consideró intrascendentes y poco serias las iniciativas de reforma al Poder Judicial, debido a que las grandes demandas de una aplicación rápida y pareja de la ley, sin distingo de condición económica o social y, desde luego, de un sistema de justicia que deje de lado fenómenos de corrupción vigentes en los juzgados, no se atendieron por completo.

El legislador Antonio Ortega Martínez advirtió que el fenómeno de sumisión política del Poder Judicial en muchas decisiones ante el Ejecutivo y, desde luego, expresiones como el acoso laboral y sexual, y la contratación de parientes que inundaron a este Poder en detrimento del Servicio Profesional de Carrera (que debiera ser fuente insustituible de la formación de los profesionistas), deben ser consideradas en el nuevo marco jurídico del Poder Judicial.

Los legisladores de oposición se han pronunciado por la conveniencia de transformar a la Judicatura en un órgano descentralizado; con autonomía presupuestal, técnica, administrativa y, sobre todo, de carácter funcional para remediar las deformaciones que todo mundo observamos en esta instancia.

“Es cierto, no necesariamente se van a resolver, a través de reformas legislativas, los temas en la aplicación correcta de políticas públicas pues se requiere de gestión y organización interna; sin embargo, si no hay los contrapesos y libertad para que determinadas áreas puedan tomar decisiones, se corre el riesgo de que esta sea una reforma de maquillaje que no resolverá de fondo los problemas que se pretenden corregir”.

Es necesario que los legisladores de todos los partidos se metan a fondo para mejorar la propuesta del presidente ministro de la Corte, ya que de no hacerlo, solo estaríamos ante una simulación de reforma que solo se quedará en enmiendas superficiales e inacabadas.

El sistema judicial del país, es coadyuvante de los niveles inéditos de inseguridad por el altísimo nivel de impunidad y de corrupción que existe, por ello, ahora toca el turno a los parlamentarios, afinar el proyecto de ley, aunque, aun teniendo el marco judicial perfecto, cuando se aplique será letra muerta.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.