La Constitución es muy clara en cuanto a las funciones del presidente de México. Reza el 96 de la Carta Magna sobre sus atribuciones: ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo los decretos y órdenes convenientes, sin definir privativamente derechos, alterar los definidos por la ley ni contrariar sus disposiciones, guardando las restricciones consignadas en el máximo ordenamiento del país.
Desde antes del 1 de diciembre, López Obrador se ha dedicado a transgredir el Estado de derecho y a violar sistemáticamente la Constitución. Desde la consulta popular, a todas luces inconstitucional, que dio pie a la cancelación de nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, hasta el paro ferroviario que ha causado enormes pérdidas a varios sectores productivos del país. Pasando por las huelgas de maquiladoras en Tamaulipas o la explosión de un ducto de gasolina en Tlahuelilpan, Hidalgo, en donde van 115 muertos.
La guerra de López Obrador contra el huachicoleo ha provocado daños colaterales en la población civil, y habría que ver qué tanta culpa tuvieron los responsables de emprender una serie de acciones para combatir el robo de combustibles, sin una estrategia articulada en todos los niveles de gobierno que pudiera, precisamente y en primera instancia, proteger a los ciudadanos.
Está claro que al presidente no le interesa ceñirse a la Carta Magna. Un día la viola y otro también sin que haya poder alguno que ejerza los contrapesos legales para que ello no ocurra. Es decir, ni el Poder Legislativo ni el Judicial han cumplido con sus responsabilidades.
Cómo debe actuar la autoridad ante el bloqueo de la CNTE, que impide que suministros de alimentos, combustibles y materias primas, lleguen a su destino.
Los empresarios claman justicia, pero ante ello el presidente reitera que no va a quitar a los maestros y que sólo será con el diálogo que se resolverá el conflicto.
No se trata de arremeter contra los rijosos sin ton ni son, sino proceder conforme a lo señalado por los protocolos que han sido diseñados exprofeso para estos casos.
Andrés Manuel López Obrador ha limitado atribuciones del Estado y las ha asumido personalmente.
El artículo 25 señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Carta Magna.
"El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades…".
Son 15 artículos que citan las obligaciones del Estado y que configuran el régimen económico de nuestro país, y en los cuales la actuación del presidente de la República tiene responsabilidades específicas.
El tema es muy delicado, como también lo es la polarización que a diario acentúa el tabasqueño, y esto lejos de terminar se acrecentará a diario.
En este contexto, de contravención sistemática a la Constitución y de exacerbación al ánimo colectivo, el país se dirige hacia una encrucijada en la que al final sólo se vislumbra la violencia.