Hace unos 15 años, analizando las amenazas que enfrentaban personas jóvenes, identificamos las dificultades de encontrar trabajo bien renumerado.
Esto me llevó a identificar empresas que reclutaban personas, ofreciendo salarios competitivos a cambio de que se sometieran a una semana de capacitación, culminando la semana vendiendo “perfumes” u otros objectos para demostrar sus conocimientos aprendidos. El fraude consistía en que los reclutas tenían que comprar el material que venderían. Después de días de “coco wash”-capacitación-, en mis reportajes plasmamos cómo personas de la tercera edad a jóvenes recién graduados de la preparatoria desesperadamente buscaban dinero, pidiendo prestado, para poder pagar los mendigos “perfumes” y así obtener el empleo prometido.
Para los pocos reclutas que pudieron cumplir con las cuotas de ventas de “perfumes”, si les iba bien, les esperaba un empleo donde se les pagaría por atraer a más víctimas para participar en este esquema fraudulento de oferta de empleos. O sea, los invitaban a trabajar buscando otras víctimas para mantener este esquema de fraude.
Grabamos imágenes, teníamos testimonios, inclusive uno de mis camarógrafos fue atacado e inclusive personas fueron amenazadas por colaborar en mis reportajes.
Tratamos de reportar estos fraudes a la Secretaría de Trabajo, a la Profeco y otras autoridades con poco éxito. Este fraude no era un fenómeno exclusivo de la Ciudad de México, en su momento teníamos reportes de que sucedía en varias capitales del país. Haciendo una búsqueda reciente sobre esta problemática, me encontré reportes de colegas periodistas con fecha de hace tres años.
Y aunque en los últimos años, las autoridades, particularmente la policía cibernética, tiene la responsabilidad de identificar y detener estos fraudes, empresas o individuos que ofrecen empleo a cambio de que la persona pague por anticipado para que sean considerados. Pero, aun así, es difícil saber qué tantos jóvenes son víctimas de estos fraudes.
Pero lo que enfrentan jóvenes mexicanos hoy día es indescriptible, ya que, en los últimos años, más allá de las buenas intenciones de los últimos tres sexenios, particularmente la del presidente López Obrador, los programas sociales no han podido acotar una de las crisis que enfrenta la Cuarta Transformación: empleos relativamente bien renumerados.
Y hay señales de que las oportunidades para gente joven podrían disminuir aún más debido a que se cerraron las oportunidades de cruzar la frontera para buscar oportunidades en Estados Unidos, el impacto que tendrán los nuevos aranceles en la economía mexicana, además del impacto de lo que parecería ser una desaceleración de la economía nacional.
Y son las organizaciones criminales las que se beneficiarán de esta realidad: Escaso empleo disponible y mal pagado, control territorial por parte de las organizaciones criminales, las cuales parece que continúan creciendo en capacidad y presencia nacional, y lo que parecería ser la falta de una estrategia de intentar proteger a gente joven de ser reclutados (voluntaria o involuntariamente) de formar parte del ejercito del crimen organizado.
Ante la tragedia del Rancho Izaguirre-no importa como le llamemos: un rancho de exterminio o un centro de reclutamiento involuntario-, la realidad es que esto solo pudiera suceder en un contexto de control territorial de las organizaciones criminales, anuencia o complicidad de las autoridades locales y posiblemente estatales, y la absoluta falta de una estrategia para responder a la crisis de desapariciones en México.
¿Cuántos de los desaparecidos y desaparecidas en el país fueron inicialmente víctimas de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado? Y aunque fue el terrible y negligente manejo de las autoridades estatales y federales de la tragedia del Rancho Izaguirre en Teuchitlán lo que empujo al gobierno federal a anunciar pasos específicos para enfrentar las crisis de las desapariciones en el país.
Es importante reconocerlo, los anuncios de la presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica, Ernestina Godoy, presentando un plan para enfrentar las desapariciones en el país, con programas de coordinación e identificación de información, incluyendo ADN.
Y también hay que reconocer los arrestos por parte de la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de individuos que podrían estar involucrados en el “Centro de Exterminio o Centro de Capacitación Involuntario” de Teuchitlán.
Pero, ¿será suficiente y se podrá mantener ante la realidad del vínculo de las organizaciones criminales con funcionarios locales? Hago esta pregunta ante la inmensidad de lo que enfrenta la presidenta y tal vez, lo que debería garantizar a corto plazo es que, por lo menos, se reduzca el secuestro y reclutamiento ilegal de jóvenes como parte de un programa sexenal de reducir dramáticamente las desapariciones en el país.
Reducir dramáticamente las desapariciones en México, es un legado factible. Sería histórico.
