Pax narca fue en su momento una política impulsada por los "gobiernos neoliberales o conservadores" (como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador) que buscaba encontrar una solución pragmática a los problemas de violencia propiciada por grupos del crimen organizado. Pax narca promovía una negociación –generalmente informal– buscando que las organizaciones criminales dejaran de ejercer violencia extrema sobre la población y bajaran su perfil público, a cambio de permitir que continuaran con el tráfico de algún ilícito, o de no perseguir a sus familias y allegados, o de no facilitar que las organizaciones antagónicas les hicieran la 'guerra'.
En algunos casos no fue una negociación, sino participación de los gobiernos estatales, municipales y hasta del mismo gobierno federal en el negocio del tráfico de drogas. O sea que la pax narca también podía ser un esquema de protección al negocio –business– por parte de algunos actores dentro del gobierno.
Pero la base de negociación de los gobiernos era que se tenía la capacidad de hacer uso de la fuerza extrema en contra de los narcotraficantes, si no cumplían con lo acordado.
Y, la verdad, es que ante la incapacidad o la dificultad que tenían gobiernos anteriores de controlar las organizaciones criminales, una pax narca era una forma de asegurar gobernabilidad en lugares del país donde la capacidad bélica y el control territorial de las organizaciones generalmente rebasaba al Estado.
Y, aunque hay críticos de la estrategia, claramente el darle prioridad a la seguridad de los ciudadanos ante la violencia que podían ejercer estas organizaciones en contra de la población es un fuerte argumento.
Un argumento que usó el presidente Andrés Manuel López Obrador para explicar por qué ordenó o avaló que se soltara a Ovidio Guzmán López el 17 de octubre, después de la toma de la ciudad de Culiacán por el Cártel de Sinaloa.
Más importante es proteger la vida que el arresto de un narcotraficante pedido en extradición por los Estados Unidos ante el operativo fallido de detenerlo.
Y sí, en ese sentido el presidente tiene toda la razón.
Pero no estamos ante una estrategia de pax narca. Estamos ante otro fenómeno mucho, mucho, mucho más peligroso: a diferencia del pasado, el Estado tenía la capacidad de decidir si hacía uso de la fuerza o no para someter a grupos del crimen organizado. Ahora es claro que, aun usando la capacidad del Estado mexicano, no podrían retomar control sobre la ciudad de Culiacán, sin que hubiera muchos, muchos muertos. Y a todas leguas, el Estado no está buscando recuperar control sobre Culiacán, o ninguna otra ciudad que controle algún grupo del crimen organizado.
En cualquier otro país una ciudad que estuviera tan públicamente en control de un grupo armado, resultaría primero en una declaratoria de Estado de excepción para esa ciudad o región y dos, una invasión de una fuerza descomunal de soldados y policías, para retomar control sobre la ciudad y los funcionamientos básicos. Ya deberían de haber ingresado unidades de Fiscalía y Policía Ministerial buscando arrestar, ahora sí, a todos los funcionarios que apoyaron a los sicarios. Esclarecer si hubo filtraciones y por quién. Por Dios, ¿van a dejar que la muerte de 14 personas y los que amenazaron la vida de cientos de personas quede impune porque el Estado teme a la reacción de un grupo que más que comportarse como crimen organizado, podría ser clasificado como una insurrección de grupos violentos que ahora sí buscan controlar abiertamente ciudades importantes del país? ¿Se ha tomado alguna decisión o acción para asegurar que no vuelva a fracasar un operativo similar?
O, ¿ya pueden los cabecillas de las organizaciones descansar en paz, en alguna ciudad, donde hay suficientes habitantes para usar como rehenes, sabiendo que el Estado no puede o no quiere arrestarlos?
Cuando se redactó esta columna, todavía el gobierno federal no había proporcionado una explicación de porqué falló el operativo. La verdad es que esta explicación es importante porque seguramente veremos quién asumirá el costo político.
Pero más importante es que el gobierno explique cómo piensan retomar la ciudad de Culiacán, o si piensan izar el pañuelo blanco y negociar. O simplemente dejar la ciudad en manos del Cártel de Sinaloa; a final de cuentas solo son 800 mil mexicanos.