En cualquier momento la cuarta transformación tendrá una tragedia similar al terrible caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Y no tienen la capacidad ni de prevenir ni de reaccionar ante esta eventualidad.
Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Durango y Veracruz han sido escenarios comunes de 'levantones' masivos en los últimos años. Por ejemplo. El 11 de noviembre de 2008, en el campo La Guajira, sobre la carretera Culiacán-El Dorado, municipio de Navolato, un comando armado a bordo de 20 camionetas Hummer y Cheyenne, 'levantaron' a 27 hombres; tres días después, 16 de ellos fueron liberados. También en Sinaloa, el 9 de mayo de 2009: un comando se llevó a 50 jornaleros de la empacadora agrícola Nazario, en Mocorito. Sólo algunos fueron liberados una semana después. No se sabe a ciencia cierta qué sucedió con los que no aparecieron.
En las últimas semanas en Michoacán hay una guerra abierta entre organizaciones criminales que buscan control territorial para traficar y extorsionar a la población. Por redes sociales, estas organizaciones no sólo han documentado sus atrocidades, sino que anuncian que atacarán poblaciones y a quiénes van a matar. De hecho, se habla de éxodos de pobladores.
¿Acaso el gobierno es ciego y sordo ante la barbarie que se está desarrollando en diferentes partes del país? ¿No tiene la posibilidad de prevenir o por lo menos mitigar ataques anunciados?
O acaso la estrategia de pacificación del país le apuesta a que la población rural de Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Colima y Tamaulipas se armen para crear policías rurales. ¿Autodefensas o grupos paramilitares?
Y aunque los gobiernos municipales y estatales deberían de asumir mayor responsabilidad en tratar de por lo menos informar lo que está sucediendo en las entidades, la verdad es que, por intimidación o corrupción, o simplemente por falta de recursos, hay atrocidades que el gobierno federal necesita detener o por lo menos asegurar que se castiguen los involucrados.
Y en caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa parece que no sucederá. Unos culpan al juez, otros al Ministerio Público. Esto es una falla del Estado mexicano, y sí, también de la cuarta transformación, que aparentemente no le puso suficiente atención para que esto no sucediera.
Apenas hace unos días circuló una noticia en redes sociales, en la que se aseguraba que al menos 53 personas habrían sido secuestradas a inicios de mes en el municipio de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente de Guerrero. Incluso se publicó un video, por demás gráfico y violento, en el que se muestra a un grupo de hombres golpeando y torturando a los presuntos secuestrados. En un supuesto mensaje, familiares de los secuestrados pedían justicia y la intervención del gobierno federal para que tomara cartas en el asunto. Nadie ha podido decir a ciencia cierta si algo sucedió o es fake news. Pero no sorprendería que algo sucedió en Tierra Caliente en los últimos días.
Pero ante la posibilidad de que seguramente habrá más desapariciones masivas y las organizaciones criminales continuarán buscando controlar más regiones, haciendo uso de la violencia y la tortura, urge algunas soluciones a corto plazo para tratar de mitigar estos ataques y desapariciones masivas, mientras se reestructura el aparato de seguridad y justicia del Estado.
Un tema intrínsecamente ligado al hallazgo de fosas clandestinas en México. Una investigación revela que prácticamente en todo el país se han encontrado casi 2 mil fosas clandestinas, entre 2006 y 2016, una fosa cada dos días, en uno de cada siete municipios de México.
La pregunta que debemos hacernos es si el gobierno federal está listo para enfrentar este tipo de situaciones. ¿Tiene capacidad de reacción? ¿Hay una estrategia elaborada para que sea implementada de forma eficaz?
El gobierno federal no puede continuar con el síndrome de avestruz ante las tragedias que se vienen. Por lo menos debería de considerar la formación de unidades especiales de reacción rápida, que podría incluir, dependiendo de la inteligencia y la atrocidad que posiblemente haya sucedido, con ministerios públicos especializados, policía ministerial especializada en conservar pruebas y la cadena de custodia, peritos forenses y, si fuera necesario (porque no se encuentran cerca del municipio), suficientes elementos de la Guardia Nacional. Además, esta unidad tendría capacidad de movilidad y comunicación para poder vincular con unidades de inteligencia y así explotar casi en tiempo real información judicializable, como órdenes de aprehensión, geolocalización y órdenes de intervención de comunicaciones. Además, el mando de este grupo debería tener la capacidad de accesar a los integrantes de la mesa interinstitucional del estado y, si fuera el caso, del municipio en forma inmediata.