Con el regreso de Emilio Lozoya a México seguramente se desarrolló una 'pandemia' de insomnio entre funcionarios y exfuncionarios. ¿Qué declarará, a quién imputará, en verdad tendrá documentos? ¿Tendrá videos?
Pero desde que tocó tierras mexicanas el tratamiento que ha recibido por parte de la Fiscalía General de la República claramente indica que el exdirector de Pemex tendría un trato diferente a cualquier otro extraditado al país. Se especula sobre su situación jurídica, si pisará la cárcel o, como nos comentó el mismo senador Ricardo Monreal, durante una entrevista para el Financiero Bloomberg, podría hasta haber una "extinción de la pena", si es que transita de ser un imputado a un "testigo colaborador".
En defensa del actuar de la Ministerio Público, estas 'negociaciones de penas' no deberían de sorprender -es una herramienta que usan fiscales en diferentes países para perseguir a capos del narcotráfico, líderes de organizaciones terroristas o grupos guerrilleros-. El concepto es que la información proporcionada permitirá perseguir a individuos que tienen más importancia por jerarquía o por la peligrosidad a la población.
Bajo este principio, la información que tendría que proporcionar Lozoya para merecer algún beneficio o la "extinción de la pena" debería traducirse en investigaciones penales en contra de exsecretarios y expresidentes, y a lo mejor de personas que actualmente son funcionarios en el sector público, para justificar su inmediata destitución.
Pero estas figuras de 'negociación' o figuras similares, que se permiten en otros países, también se ha prestado para abuso y hasta corrupción. Mi profesional en Colombia me permite señalar casos documentados donde la información proporcionada por el acusado señalaba a personas de menor jerarquía, o a propósito se viciaba el proceso para que la información proporcionada resultara inadmisible para perseguir penalmente a otros implicados. Otra opción sería usar la información obtenida por el testigo colaborador para 'extorsionar' a otros posibles implicados, transparentando la información obtenida para impactar la credibilidad de un individuo o de su afiliación política.
¿Qué pasará con el caso de Odebrecht México? Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador parecerían indicar que el proceso Lozoya podría convertirse en el siguiente circo político, dando a los comensales suficientes palomitas y cacahuates para entretenernos en el camino de las elecciones intermedias de 2021.
Y digo con certeza que hubo corrupción comprobada en México porque la misma empresa reconoció que hubo pagos por 10 millones dólares para la campaña del PRI en 2012, además de por obras que Pemex adjudicó a Odebrecht.
Todo esto consta en la confesión que hizo la empresa ante el Departamento de Justicia, donde reconoció haber cometido actos de corrupción en más de 10 países (entre ellos están no sólo México sino Chile, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Venezuela, Perú, Panamá y Argentina).
En la mayoría de estos casos, los gobiernos pidieron que se compartiera la información de la declaración de culpabilidad de Odebrecht para no sólo procesar penalmente a los exfuncionarios, sino para un juicio civil, donde Odebrecht tendría la responsabilidad de resarcir el daño a las instituciones públicas que fueron víctimas de la corrupción.
En el caso de México, la 'victima' seria Pemex. Y a diferencia de un juicio penal, donde tal vez algún funcionario mexicano, algún día, será procesado y castigado, el juicio que podría entablar Pemex contra Odebrecht es de carácter civil. Sin importar cuáles podrían ser los resultados en el caso penal contra Lozoya, y con los documentos en mano, la paraestatal podría, en un tribunal estadounidense, exigir hasta más de 200 millones de dólares para resarcir los daños, según algunos expertos que han seguido de cerca el caso Odebrecht en Latinoamérica.
Los únicos países que hasta el momento no han interpuesto una demanda de esta índole son Venezuela y México. ¿La pregunta es por qué? Tal vez la información proporcionada por el Departamento de Justicia compromete funcionarios que siguen en Pemex, o podría impactar aún más la credibilidad y la viabilidad financiera de la paraestatal ante la comunidad internacional. Pero, un juicio público en Estados Unidos va a transparentar no sólo la corrupción del pasado, sino podría abrir a cuestionamientos del actual manejo de Pemex. Si las declaraciones de Lozoya no serán usadas para castigar a otros individuos corruptos, por lo menos que ayuden a que una empresa corrupta, como Odebrecht, le pague una millonada a Pemex. Tal vez, pero tal vez, el escarmiento público y en algunos casos, procesos penales para funcionarios y multas multimillonarias para las empresas sirvan para reducir, aunque sea un poquito, la corrupción.