El Pentágono tiene cientos de abogados, literalmente un batallón de abogados, que a diario revisan todas las actividades y decisiones hechas por el secretario de la Defensa hasta un soldado que le dispara a un posible terrorista. Todos los programas de inteligencia, estrategias de guerras y los recursos para comprar tanques, radares, helicópteros y equipo de inteligencia, todos los contratos son sometidos a la revisión de los abogados.
De hecho, mis colegas jurídicos probablemente eran de los más odiados en el Pentágono, la CIA, en el Departamento de Estado, en el Tesoro, y hasta en la misma Casa Blanca. Tienen la responsabilidad de decirle a los poderosos que hacen decisiones que, de firmar ese decreto, ese contrato, esa estrategia, podrían estar violando la ley, tal vez hasta la misma Constitución.
Básicamente te dicen que no a todo. A estos abogados se les conocía como el señor o señora no. Parece que le decían no a todas las 'innovadoras' 'prácticas' y hasta corruptas ideas de los funcionarios.
Los jurídicos son una parte fundamental de los pesos y contrapesos que tiene toda democracia para contener y mitigar a los gobiernos autoritarios y corruptos. También detienen a los gobernantes desquiciados por mantener el poder o porque simple y llanamente tienen problemas psicológicos.
Pero este esquema sólo funciona si existe, claro, si una rama del poder no está completamente cooptada por el Ejecutivo. La rama judicial tiene que ser independiente. Yo sé, muchas veces esto es mucho pedir.
Y con esa amenaza de una posible investigación, no se pueden imaginar la cantidad de veces que estos jurídicos detuvieron hasta al mismo presidente de Estados Unidos de tomar pésimas decisiones, que podrían haber tenido un impacto en la seguridad nacional de Estados Unidos.
Pero ahora con Donald Trump este contrapeso desapareció. Para el presidente de Estados Unidos, el Procurador, William Barr, todos los abogados de la Casa Blanca y del Pentágono no son independientes -al contrario-, los considera abogados personales que van a respaldar sus decisiones, incluyendo el uso de las Fuerzas Armadas en contra de la población.
Y si pudiéramos tener un debate sobre la diferencia entre el Posse Comitatus Act y la Insurrection Act of 1807, y analizar si le da poderes al presidente de los Estados Unidos un margen legal para enviar tropas en activo para enfrentar protestas pacíficas, todos los abogados éticos le dirían al presidente que esta decisión pone en jaque la democracia estadounidense. Especialmente si usa sus tropas, las armas, los cascos, los helicópteros y los extraordinarios recursos del Pentágono para que el presidente Trump pueda enviar un mensaje al mundo que por lo menos controla las cuadras alrededor de la Casa Blanca, cualquier jurista le diría que está loco de remate. Usar las Fuerzas Armadas para enfrentar a civiles que protestan pacíficamente es una locura, a menos que el objetivo sea escalar aún la violencia. Su reelección podría no depender de la gobernabilidad de Estados Unidos, sino la ingobernabilidad.
Ahora, el problema no sólo es el presidente, sino aquellos secretarios-incluyendo al de la Defensa, Mark Esper y al procurador de Justicia, William Barr, entre los funcionarios más importantes para la seguridad nacional de Estados Unidos, que aparentemente son enablers (facilitadores) de estas locuras del presidente. Sus lealtades constitucionales deben de ser con los ciudadanos estadounidenses, no con el presidente al que le valió pepinillo que soldados y ciudadanos pusieran en riesgo su integridad física para que él pudiera tomarse una foto, enfrente de una iglesia, portando una Biblia al revés, como si fuera un accesorio escénico.
Ahora me pregunto: En el caso de México, quién tiene la responsabilidad constitucional de por lo menos cuestionar al presidente cuando decide tomar una vía inconstitucional o que pone en riesgo la seguridad nacional del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador nos llama leguleyos, y no dejamos mover al 'elefante reumático'. No, el presidente no escuchará a sus abogados, no respeta el Estado de derecho que dejaron los neoliberales. Pero sí es preocupante cómo las Fuerzas Armadas probablemente tendrán la responsabilidad de enfrentar las protestas que seguramente surgirán más y más en los siguientes meses debido a la crisis de salud, económica y de seguridad. Aunque legal, es catastrófico para la democracia mexicana.
El no enfatizar al presidente de que sus decisiones ponen en riesgo la seguridad nacional del país, y tratar de detenerlo por lo menos con argumentos jurídicos, convierte a los secretarios y asesores cercanos de López Obrador en facilitadores y corresponsables. ¿Nadie, nadie pudo convencer al mandatario que desistiera en esta locura de iniciar giras al sur del país, viajando por peligrosas carreteras al sur del país, en medio de una pandemia, perseguido por la primera tormenta tropical y torrenciales lluvias, poniendo en riesgo la comitiva, exigiendo que estén presente secretarios y asesores esenciales para enfrentar la contingencia para que el presidente se tomara una foto, inaugurando el inicio de la construcción de un tren (que ya se había iniciado), usando como accesorio escénico una banderita verde y como escenografía un viejo tren? ¿Nadie?