En México alrededor de 300 mil personas se encuentran privadas de su libertad en distintas cárceles y prisiones. De estas, 94 por ciento son hombres y 6 por ciento son mujeres. En promedio 40 por ciento de las personas privadas de su libertad no cuentan con una sentencia, de ellos 36 por ciento para los hombres y 47 por ciento para las mujeres según datos del censo INEGI 2023.
Según la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) el encarcelamiento de mujeres se ha incrementado en los últimos años, principalmente por dos razones, primera el endurecimiento de políticas criminales en materia de drogas y segunda por la falta de perspectiva de género para abordar la problemática. Lo que hace que las mujeres privadas de su libertad sean afectadas desproporcionadamente por los crímenes de los que se les acusa. Como en muchos otros lugares, las cárceles en principio fueron creadas por hombres y para hombres y hasta hace muy poco se ha cuestionado lo que se necesita para que una mujer condenada pueda tener una experiencia en la que se respeten sus derechos humanos.
Igualmente los programas de reinserción pocas veces tienen una perspectiva de género y no toman en cuenta las problemáticas de las mujeres. Por ejemplo, en México siete de cada diez mujeres privadas de su libertad tienen hijos y tienen que hacerse cargo de ellos dentro y fuera de la cárcel, la falta de programas de reinserción efectivos afecta el índice de reincidencia.
La mayoría de los programas de reinserción se han enfocado en los hombres al ser la mayor población en prisión, pero existen programas exitosos enfocados en mujeres que han tenido resultados. El primero es La Cana en México, creado por un grupo de mujeres preocupadas por la falta de políticas eficaces para lograr la reinserción y por las condiciones en las que viven las mujeres privadas de la libertad. La Cana busca capacitar a las mujeres en distintos oficios para que al recuperar su libertad puedan tener un ingreso digno que les permita cubrir sus gastos y el de sus familias. Las mujeres son capacitadas dentro de la prisión y desde ese momento empiezan a producir ingresos mientras cumplen su condena. Cuando las mujeres salen tienen capacidades y hábitos de trabajo que les permiten la reinserción laboral rápidamente.
El segundo ejemplo Interno en Colombia, este fue el primer restaurante en el mundo dentro de una cárcel de mujeres. Hasta 2019 funcionó en la cárcel de San Diego en Cartagena, Colombia, y fue atendido por mujeres privadas de la libertad. Hoy funciona en Bogotá. Las presas aprenden a cocinar durante su estancia en prisión, preparan los alimentos y en la noche atienden a los clientes en un restaurante contiguo a la prisión. Se le conoce como un restaurante con sabor a segundas oportunidades.
El último ejemplo es la Red de Mujeres Libertarias Fundiendo Rejas, una red latinoamericana de mujeres que estuvieron en prisión apoyadas por la CIDH y formada por grupos locales en distintos países. La red busca incidir en políticas públicas para garantizar los derechos humanos de las mujeres y crear verdaderos programas de apoyo con perspectiva de género para garantizar la reinserción al término de la condena.