En recientes días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llamó la atención con un fallo que cuestiona su imparcialidad. En palabras de especialistas, la resolución “debilita las facultades de los diputados locales porque impone la posibilidad de que una mujer, aún sin estar embarazada, pueda ampararse para demandar la terminación de la vida de un ser humano en gestación”. Para los abogados Ingrid Tapia y Francisco Vázquez Gómez Bisogno, especialistas en derecho constitucional, este tipo de medidas obstaculizan el ejercicio de los poderes del Estado, como el Legislativo, y privilegian el posicionamiento de convicciones personales e ideológicas.
En un claro activismo judicial, lo que está sucediendo con los ministros de la Suprema Corte es preocupante, pues “la esencia y vocación de un ministro o juez es que siempre, bajo cualquier circunstancia, sea imparcial en sus juicios o sentencias y, en especial se mantenga equidistante de las partes en un proceso judicial”, según la abogada Ingrid Tapia.
Al respecto, los especialistas que participaron en una mesa de análisis referente al papel de los tribunales constitucionales frente a la soberanía de los estados, señalaron que el activismo judicial “hace referencia a la práctica y concepción del juez como limitador de los demás poderes del Estado a través de la aplicación de la Constitución y los derechos fundamentales”. Esto significa que lejos de apegarse a lo que dicta la ley, se atribuyen competencias que violan la soberanía de los congresos, impulsando ideologías, como en este caso, a favor del delito de aborto.
Ante la gravedad del tema, el abogado Francisco Vázquez Gómez invitó a los poderes legislativos de cada estado de la República Mexicana a que defiendan su soberanía y ejerzan sus respectivos ámbitos de competencia “para no dejarse imponer sentencias porque temas como la defensa de la vida, por ejemplo, no pueden federalizarse”.
El activismo judicial es una práctica que afecta la división de poderes de una sociedad democrática como lo es la mexicana y la extralimitación de facultades por parte del máximo órgano judicial sólo pone en entredicho su imparcialidad en sus resoluciones, las cuales deberían ser siempre apegadas a derecho y al respeto de los derechos fundamentales.
Para los especialistas, en las posturas de los actuales ministros “se advierte, por los antecedentes, que hay una mayoría que tiende a resolver los asuntos a partir de un activismo judicial que, sin argumentaciones sólidas, sólo alteran el pacto federal”.
Desde Early Institute hacemos un respetuoso llamado a los miembros de la SCJN para hacer valer la autonomía de cada uno de los poderes de la Federación y no imponer regulaciones que alienten una ideología abortista. Es tarea de todos exigir que se emitan sentencias apegadas a los fundamentos constitucionales para evitar la creación de falsos derechos que sólo atentan contra lo más preciado que tenemos: la vida.