En un acto de total ilegalidad, llegan los libros de texto gratuitos a las aulas de educación básica que comienzan el ciclo escolar 2023-2024. ¿Por qué se habla de ilegalidad? Por varias razones. Para empezar, los materiales fallaron a un proceso de elaboración que dicta la ley y en el que, entre otras cosas, contempla la participación de diversos actores de la sociedad —más allá de las autoridades educativas—, a través de la creación de los planes y programas de estudio.
De entrada, el diseño de dichos planes, y cuya importancia radica en sustentar las bases de los libros escolares, fue hecho sin el consenso debido y de un modo poco transparente. Hoy la información sobre la conformación de las asambleas que implicó la elaboración de los planes y programas de estudio está reservada por cinco años, según por contener datos personales susceptibles a ser vulnerados.
Otro punto a destacar es que los libros de texto gratuitos fueron hechos sin haberse tenido los planes y programas de estudio publicados en el Diario Oficial de la Federación, como lo marca la Ley General de Educación.
Aun sin los fundamentos esenciales para la conformación de los materiales educativos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó a los docentes a participar en la elaboración de los libros, quienes en muchos de los casos no vieron reflejadas sus propuestas didácticas en los trabajos finales.
La serie de inconsistencias que presentan los libros de texto gratuitos han detonado que especialistas, como la investigadora del Cinvestav, Alma Maldonado, propongan la creación de materiales adicionales para subsanar las fallas de los actuales, derivadas de la forma con la que se han hecho.
A pesar de que en el artículo tercero de nuestra Constitución se señala que “El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”, es claro su incumplimiento ante la serie de irregularidades que están presentando los materiales que debieran ser las principales herramientas en la garantía del derecho a la educación.
Esto sin duda es un retroceso en materia educativa, pero todavía más grave en el desarrollo de toda una nación, y si bien distintos sectores de la sociedad mexicana han promovido que la distribución de estos materiales no se efectúe, las autoridades gubernamentales han decidido continuar con su entrega.
Para Early Institute —el único think tank mexicano con más de 17 años de experiencia en mejorar la salud, el cuidado, la educación, la seguridad y la protección de la vida de la primera infancia a través de la incidencia en políticas públicas— nos parece gravísimo que se atente contra uno de los derechos fundamentales de las niñas, los niños y los adolescentes, como lo es la educación.
En este caso se están cometiendo atropellos que exhiben la nula aplicación de la ley, la cual claramente expresa el modo para elaborar los materiales que son base en la educación mexicana. Así, hacemos un llamado a que se respeten cabalmente los lineamientos que establece nuestra Constitución y las leyes derivadas en un afán por proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes y no para privilegiar intereses privados o políticos.