Con el próximo cambio de gobierno federal, vienen retos en diferentes ámbitos. Uno es, sin duda, el del ámbito económico que al término del sexenio de Andrés López Obrador registra importantes desafíos.
Para empezar, el mandato de Claudia Sheinbaum Pardo deberá situarse en un contexto con características muy particulares. Diversos organismos, como el Banco Mundial, prevén que el Producto Interno Bruto (PIB) experimente una fuerte baja en los primeros dos años del nuevo gobierno. Este derivado de “la restricción de políticas fiscal y monetaria”. Hoy el organismo pronostica que habrá un crecimiento de 2.1 por ciento para 2025 y de 2 por ciento para 2026, cuando creció 3.2 por ciento en 2023.
Esta desaceleración se acompaña de otro fenómeno que afecta el desarrollo del país. Me refiero a la deuda pública, ya que en los últimos años México ha tenido un aumento significativo, estimándose que ha incrementado en un 15.5 por ciento desde 2019 a la fecha. Dado que las políticas gubernamentales han priorizado la obtención de recursos mediante endeudamiento interno y externo, se estima que hoy cada habitante del país debe más de 120 mil pesos, cuando al principio del sexenio de López Obrador la deuda per cápita era de cerca de 109 mil pesos.
Por otro lado, se observa una elevada carga fiscal tanto a nuevas empresas como a las ya establecidas y ello tiene efectos adversos en el crecimiento económico y la innovación empresarial. Con altas tasas impositivas y estrictas regulaciones fiscales se desalienta la inversión, pues no hay capacidad de reinvertir en el negocio, pagar sueldos competitivos o aumentar las operaciones.
Incluso se habla de obligar a las nuevas empresas a integrarse al Régimen Simplificado de Confianza (Resico), siendo que este régimen permite la deducción de gastos contra ingresos únicamente en la declaración anual. Durante el año, las empresas estarían obligadas a pagar un 30 por ciento de Impuesto sobre la Renta (ISR) de manera mensual, sin la posibilidad de aplicar deducciones inmediatas, lo que provocaría daños en sus flujos de efectivo.
Esta situación podría contribuir a la inflación, afectando directamente el poder adquisitivo de la población, ya que al enfrentar altos costos fiscales las empresas podrían transferir estos costos a los consumidores, aumentando los precios de los bienes y servicios.
Como se ve, lo que viene para los próximos años no es un asunto fácil y el constante endeudamiento dificulta el crecimiento nacional.
En nuestro interés por impulsar políticas públicas que ayuden al desarrollo y el bienestar integral de la primera infancia mexicana, desde Early Institute hacemos un respetuoso llamado al gobierno a replantear la estrategia financiera. De continuar con un aumento en la deuda pública, se pagarán altísimos costos sociales reflejados en las ya casi nulas acciones y programas sociales dirigidos al bienestar de niñas y niños en sus primeros años de vida, así como en otros asuntos de prioridad nacional.