En entrevista concedida a distintos periodistas del diario Milenio, el presidente de la Suprema Corte de Justicia se refirió a la complicada negociación que debió emprender al inicio de su gestión, para salvaguardar los intereses del Poder Judicial de la Federación e impedir el éxito de iniciativas que pretendían disminuir su competencia y función. En el constante juicio de la opinión pública al que están sujetos los ministros de la Suprema Corte, con motivo de la difusión televisada de cada sesión en la que intervienen, mucho se dice sobre sus conocimientos técnicos del derecho, pero muy poco se comenta sobre su capacidad para articular una estrategia política, sobre todo cuando se trata del desempeño que concierne a su presidente, en quien recae la responsabilidad de hacer frente a los otros poderes de la Unión.
Muchas iniciativas de reforma a la Constitución y un número inmenso de acciones emprendidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador evidencian su visión presidencialista del gobierno. Él, concibe el desarrollo de la labor pública en torno de la voluntad inviolable de una única persona: el jefe del Ejecutivo Federal; de ahí su embate incansable contra los otros poderes y los órganos constitucionales autónomos que, de acuerdo con la arquitectura normativa suprema en vigor, conforman un balance y contrapeso saludable para la vida de un México plural y democrático.
La semana pasada constatamos qué tan lejos desea llegar éste, el Presidente, en su deseo de opacar la función del árbitro electoral. Ante el fracaso del proceso para impulsar una reforma constitucional de hondo calado contra el Instituto, el Presidente no cejó en el esfuerzo para conseguir el mismo propósito a través de una segunda vía, que ya avanzó en la Cámara baja y se mantiene en vilo en el Senado de la República: su plan B. En él se propone la degradación de facultades del INE; el blindaje del partido oficial contra críticas de terceros; y la disminución de las sanciones de las que puede ser sujeto su propio partido por violación a la legislación electoral.
A pesar de que habrá corrientes de opinión que se inclinen a justificar la enmienda a la legislación electoral sobre la base de un supuesto ahorro presupuestal, que resultaría necesario ante un aparentemente inflado gasto atribuido al INE, no podría soslayarse el problema subyacente que más nos inquieta: ¿debe el presidente de la República involucrarse en la vida y función de los otros poderes y los órganos constitucionales autónomos? ¿Es correcto que se aprueben modificaciones legales de tal trascendencia sin que exista previa deliberación parlamentaria?
La asfixia presupuestal a las autoridades del gobierno constituye una amenaza que puede paralizar su función de manera insuperable. El desgaste que la aprobación del plan B impondría al aparato electoral no es menor, como también lo pudimos corroborar la semana pasada.
La imprevisión de gastos de fin de año que la contratación laboral impone al Poder Judicial de la Ciudad de México, dio lugar a un paro de labores por parte de los juzgadores de la capital del país. Si bien se pudo superar con la promesa asumida por su propio presidente, de que los salarios, aguinaldos y demás prestaciones serán fondeadas y pagadas a más tardar el catorce de diciembre que viene, el riesgo que atañe a la falta de pago de salarios, o de recursos materiales imprescindibles para que un poder cumpla su función constitucional, quedó evidenciado: la detención de las labores que incumben a los tribunales provocó el descarrilamiento del Estado de derecho en perjuicio de nosotros, la ciudadanía. Durante los días de paro se suspendieron las audiencias, las labores y los plazos; una decisión que se tradujo en la postergación de los procesos y sentencias que atañen a la vida y a la efectividad de los derechos de la gente.
La materialización del plan para disminuir por la vía presupuestal la función que la Constitución deposita en el INE, debe de ser tomado como una fuerte y trascendente llamada de atención al resto de los poderes que conforman contrapesos del presidente de la República –por lo menos durante el tiempo que ejerza el poder de influencia que ostenta frente al Legislativo. No hay discreción ni concesiones en esta época, a la hora de demostrar que Morena, en el Congreso general, se haya subordinado a las órdenes de Andrés Manuel López Obrador. Es posiblemente la voluntad del C. Presidente la que podría definir la supervivencia de la República, sin que para ello se deba cambiar la Constitución.
Es en dicha coyuntura que cobra relevancia pensar en el riesgo en que se encuentra colocado el Poder Judicial de la Federación. No sólo el propio Ejecutivo Federal ha amenazado con investigar a jueces de distrito o magistrados que han osado dictar resoluciones y sentencias que contradicen sus actos y planes de desarrollo nacional –por inconstitucionales que sean–, también el Presidente ha ordenado a las autoridades que conforman la Administración Pública Federal, incumplir y desacatar expresamente las órdenes que de tales juzgadores provengan.
Es previsible que, de culminar favorablemente el plan B contra el INE, pudiera construirse contra el Poder Judicial de la Federación un proyecto y una embestida de dimensiones comparables. En sus discursos por la mañana, el Presidente ha aludido a la necesaria modificación de la Constitución y la ley por lo que respecta a los jueces federales. Si no se logran juntar los votos necesarios para consolidar una reforma constitucional, ¿qué tal le vendría al país una modificación a las leyes secundarias y a los presupuestos en materia judicial?
Es en estas condiciones, otra vez parecidas a las que pudo haber enfrentado Arturo Zaldívar Lelo de la Rea al asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, que se vuelve a presentar ante los ministros el reto de designar a su próximo presidente.
Es por dicha razón que podría ser oportuno volver a valorar el beneficio de esa visión política de la presidencia que Arturo Zaldívar compartió con los periodistas. Para dirigir al Poder Judicial de la Federación en su relación con los otros poderes, ¿cuál es el perfil que en esta época debe cumplir el ministro aspirante? En la contención del balance constitucional ante cualquier amenaza presidencialista, ¿la Corte necesita un ministro con excelencia técnica, o convendrá igualmente ponderar su habilidad política? Creemos que el nuevo presidente de la Corte debe aglutinar las dos virtudes.
Resta un poco menos de dos años al presente sexenio presidencial. Todos los poderes constituidos –entre ellos el Poder Judicial–, y constitucionales autónomos, necesitan con urgencia el desempeño de un hábil interlocutor que logre descifrar la visión de país que ha concebido Andrés Manuel López Obrador; un operador que, también, logre transmitirle a él la importancia que tiene, aún en el más atrevido de los planes de transformación nacional, la conformación de un gobierno que sepa encontrar soluciones adecuadas a los problemas que enfrentan y hoy mantienen en desunión a la gran mayoría de los mexicanos.