El ejercicio libre y bien organizado del derecho de asociación que tutela nuestra Constitución, que llevaron a cabo centenares de miles de personas a lo largo de todo el país el domingo pasado, es una muestra clara de que nuestra democracia se mantiene viva; de que nuestra sociedad conserva para sí la virtud de expresarse, comunicarse y organizarse para proteger los valores políticos y sociales que la definen y que determinan su destino.
Las muestras de desprecio hacia dicho reclamo ciudadano, que a través de calificativos expresó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ayer mismo —el día siguiente—, demuestran la validez y certeza del reclamo que motivó a la concentración misma, así como el peligro en que dicha expresión democrática está situada: la vida armoniosa entre mexicanos está expuesta a un atropello, que podría concretarse el 2 de junio próximo.
Entre las consignas y proclamas expresadas por los mexicanos el domingo pasado, una fue repetida incesantemente: “La ley sí es la ley”. Demuestra uno de los sentimientos más arraigados entre la población, el del desamparo ante los abusos del poder. De ahí la validez de uno de los puntos del manifiesto leído por Ana Lucía Medina, que tiene que ver con la necesidad de que el Tribunal Electoral y el INE hagan su trabajo con autonomía e independencia.
Es en este contexto de ideas que surgen con motivo de la concentración ciudadana, que nos planteamos la pregunta en torno de la manera efectiva en que habrá, o no, de cumplirse o de doblarse la ley durante los comicios electorales, y la efectividad e inmediatez de los remedios que la Constitución contempla para evitar cualquier descarrilamiento de nuestro Estado, precisamente para salvaguardar ese sentimiento y ese derecho que condujo a nuestra sociedad a la explanada del Zócalo la mañana del 18 de febrero pasado, así como a más de un centenar de puntos de reunión.
Hasta ahora, el instrumento jurídico más adecuado para blindar la legalidad del proceso electoral hasta el día mismo de la elección se encuentra en la previsión de delitos en materia electoral, algunos de los cuales, de cometerse, ameritan pena privativa de la libertad.
Sin embargo, la labor de procuración de justicia en este campo está reservada a la Fiscalía General de la República, en cuyos agentes del Ministerio Público descansa la responsabilidad constitucional de perseguir a quienes descubran o investiguen por haber realizado conductas de aquellas exactamente previstas por la legislación penal-electoral.
No es propiamente una novedad, la afirmación que se haga sobre la evidente subordinación a la que se encuentra sujeta la Fiscalía con respecto del Ejecutivo de la Unión. Una muestra se vio ayer mismo, al anunciarse que ya se realizan investigaciones con relación a la licitud de la declaración que hizo el líder de Los Ardillos, cuando en entrevista a los medios afirmó haber entregado dinero para apoyar la campaña presidencial del 2006, del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador.
El punto clave tiene que ver con que, ante una posibilidad no despreciable de que la Fiscalía pudiera actuar con parcialidad el 2 de junio entrante, qué debería hacer la ciudadanía para evitar la consumación de abusos en su propio agravio.
En principio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuenta con la estructura y organización necesaria para actuar en consecuencia y emitir las resoluciones y recomendaciones necesarias que no solo pongan en evidencia cualquier desvío de poder, sino también para impulsar algún remedio; sin embargo, ¿qué sucedería si la propia Comisión se encontrara cooptada de la misma manera?
—Vea usted cómo los sucesos van demostrando cada día la importancia del esfuerzo y del trabajo que, a lo largo de varias décadas, ha sido empeñado por varias generaciones de mexicanos, para dotarnos de un diseño y una ingeniería institucional de la que depende nuestra democracia, y para la que los organismos constitucionales autónomos guardan un papel imprescindible—.
El remedio que nuestra Constitución nos ofrece para resolver este vacío en el que la dependencia y subordinación de los organismos encargados de proteger nuestros derechos pueden llegar a provocar, lo encontramos en la operatividad de la administración de justicia encomendada al Poder Judicial de la Federación. Ahí radica la fuerza del principio de autonomía invocado el domingo pasado, al darse lectura al manifiesto de la ciudadanía que participó en la Marcha por Nuestra Democracia.
Las asociaciones y colegios de profesionales del derecho deben anticiparse y crear programas especiales para que, ese día —el de la elección—, abogados estén a la disposición y cuenten con la capacitación adecuada para intervenir y demandar, ante los órganos de justicia competentes, el obsequio de medidas que permitan evitar, en su caso, cualquier desviación facciosa del derecho y cualquier abuso de autoridad en perjuicio de la ciudadanía.
Serán los jueces competentes, a través de las guardias debidamente establecidas en los acuerdos generales, siempre capacitados y propiamente preparados para esa jornada, los que deberán actuar con prontitud para dictar las órdenes y resoluciones que protejan a la ciudadanía y permitan, con apego a la ley, la realización de una jornada que acabará por ser crucial para el futuro del pueblo de México.
Se dijo el domingo y se debe tomar en cuenta por todos quienes participarán en la definición electoral del México democrático que todos queremos ver a partir del 1 de octubre de este año: las elecciones son de los ciudadanos, y debemos estar listos y prevenidos para reaccionar, dentro de los cauces que establece la ley, para defender la soberanía y el país que solo corresponde a la Nación, el país del que no se puede adueñar ningún gobernante.