En todas partes, de norte a sur; de este a oeste; desde Estados Unidos hasta Israel; desde Venezuela hasta España, y desde España hasta México, la justicia está en crisis. Yo creo que esa crisis principalmente se debe a dos cosas, primero, a lo que significa la evolución de un poder absolutamente fundamental dentro de las sociedades. Para crear y, sobre todo, sustentar su sistema de derechos y obligaciones, los romanos establecieron un célebre dicho o aforismo: “Dame los hechos, yo te daré los derechos”. Segundo, esta crisis judicial está relacionada con la falta de gobernanza que cada vez se hace más notable alrededor de todo el mundo. Esto se debe básicamente a que, aunque nunca hemos tenido la experiencia de vivir sin Estados, es una realidad innegable que las estructuras y los mismos Estados que llevan años regulando la vida y desarrollo de las sociedades se encuentran en una etapa de colapso general.
Sin tener que ir lejos y enfocándonos en América del Norte, es fundamental señalar que en México, sin duda alguna, este será el año de la justicia. Para el presidente López Obrador no existe mejor culminación ni más importante hecho con respecto a su compromiso histórico que liquidar el sistema actual de justicia. Como pasa con tantas otras cosas, en México la justicia necesita ser eso: justa, rápida y confiable. Tenemos ya la experiencia de lo que sucedió con el sistema de salud, un sistema que era malo pero que al menos tenía medicamentos –aunque insuficientes– para subsanar parte de la demanda de salud del país. Hoy, ni hay medicinas ni hay sistema que ampare la salud de los mexicanos. Lo que pasó con el sector salud es una gran lección sobre lo que puede suceder si no se toman las decisiones adecuadas ni se tiene la suficiente claridad sobre las consecuencias que los intereses particulares pueden traer consigo.
Ahora, y estando de acuerdo en que la justicia necesita ser renovada y adquirir comportamientos de eficiencia –sobre todo en lo relacionado a su independencia y en la garantía del desempeño de su función–, lo que estamos haciendo, sin importar que al Presidente le queden menos de dos meses para efectuar el cambio constitucional que desea hacer al respecto, es querer hacer todo deprisa y sin pensar en lo que sucederá después. En México, generalmente los primeros meses de cualquier administración son empleados para aprobar y pasar las reformas o cambios más difíciles, ya que se viene de ganar y se cuenta con el capital político y social suficiente para realizarlo. Mientras que los últimos meses son utilizados para poner marcha rápida y tratar de conseguir pasar y aprobar todo aquello que alcanzó el tiempo –o el poder o la voluntad– para realizar, buscando que se haga sin que nadie preste la atención suficiente y se enfoquen más en el inicio de la administración entrante.
El presidente López Obrador quiere que los jueces se voten como si fueran diputados o regidores. No sé qué me da más terror, si un sistema de justicia corrompido por adoptar unas estructuras que –a pesar de su envejecimiento–, en principio, da el conocimiento de la sabiduría jurídica; o, como el propio Presidente se ha encargado de dejar, un sistema en el que ni siquiera haga falta tener experiencia para desempeñar el rol de juez. Pero, además, nos encontramos en medio de una situación en la que, para poder hacer lo que quiere y desea el presidente López Obrador en sus últimos meses de gobierno, aún no cuenta con la suficiente cantidad de votos para asegurar su ansiada reforma judicial.
Para empezar, si el Tribunal Electoral del Poder Judicial no le concede la sobrerrepresentación a Morena y los suyos, la reforma judicial tendrá que esperar. O, dicho de otra manera, el futuro de los sueños del presidente López Obrador depende de una serie de acontecimientos y de conseguir que los votos necesarios para hacerlos realidad. Y, para ello, aún habrá que esperar una serie de acontecimientos, empezando por que el próximo 14 de agosto la doctora Claudia Sheinbaum reciba la constancia que la acredite como presidenta electa. Después, será necesario que el mismo tribunal –que no hay que olvidar que se trata de personas y jueces que serán los principales afectados del cáncer que los obliga a operar con mano de hierro, pero con el cuerpo enfermo– ratifique el conteo final sobre la composición de la siguiente legislación. En caso de ratificar la tan ansiada mayoría en ambas cámaras a Morena y sus aliados, será cuestión de días para que López Obrador y los suyos puedan romper otro récord hipotético en la historia moderna de nuestro país, al alcanzar el mayor número de modificaciones constitucionales en el menor tiempo.
Por el bien de todos, ojalá y se acierte. Pero, en principio –y entendiendo que es necesario que se produzca una actualización del funcionamiento de la justicia–, resulta extremadamente peligroso pensar en los pormenores de la supuesta reforma. Dejando a un lado lo previamente mencionado sobre los casi nulos requisitos para poder llegar a ser juez, aún siguen sin estar claros los procedimientos y protocolos que se aplicarán para, por poner un ejemplo, el día de mañana ir a votar y elegir a un juez. Estamos viviendo tiempos convulsos y no sólo por el hecho de que llevemos años acostumbrados a vivir bajo dinámicas o sistemas jurídicos establecidos por la costumbre y por las buenas prácticas, sino porque estamos frente a la absoluta incertidumbre de no saber cómo se impartirá la justicia a partir de aquí.
La propuesta que Biden ha hecho en sus horas finales como presidente, y no como candidato, de producir modificaciones en la estructura de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos sobre todo está fundamentada en los casos y en los pocos instrumentos que tiene la sociedad estadounidense para defenderse de quien, teóricamente, los tiene que defender y para que la Constitución sea la fuerza dominante del país. Y es que con casos como el cuestionable pasado del juez Clarence Thomas y las generosas donaciones recibidas por un donante republicano se justifica el mejoramiento del sistema para evitar este tipo de situaciones y garantizar la imparcialidad de los encargados de impartir la justicia.
La justicia y su relación con los órganos del Estados es imprescindible para el buen funcionamiento y supervivencia de las sociedades. Existe quien argumenta que el ataque del 7 de octubre perpetrado por Hamás nunca hubiera sucedido si ‘Bibi’ Netanyahu no hubiera estado distraído ni distanciado esperando la resolución de los juicios elaborados en su contra por supuestos actos de corrupción. Hay quien dice que el gran escándalo que en estos momentos se está desarrollando en España por la polémica que suscitó la firma de pactos con dos partidos independentistas –Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya– por parte del presidente Pedro Sánchez para alcanzar la mayoría, nunca hubiera podido suceder si realmente la justicia no se hubiera convertido en un apéndice de las necesidades del poder y sus exigencias.
La falta de gobernanza ha creado la crisis, y esta crisis, a su vez, tiene que ser parte de la solución. Mientras tanto, descanse, piense y prepárese para lo que traerá septiembre. Y es que, tal y como van las cosas, septiembre marcará el inicio del año de la justicia en nuestro país.
Esta columna se despide hasta la primera semana de septiembre.
¡Felices vacaciones!