Las nuevas democracias
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Las nuevas democracias

22/07/2019
Actualización 22/07/2019 - 14:29

Una de las cosas que más me ha asombrado a lo largo de mi vida es el hecho de saber que Adolf Hitler pudo gobernar Alemania haciendo realmente muy pocos cambios a su sistema penal. Hitler no solamente puso a Emil Janning como su ministro de Justicia, quien había sido uno de los principales redactores de una de las constituciones más liberales de ese momento en Europa, que era la constitución de la República de Weimar de 1919, sino que lo peor fue que pudo gobernar usando ese mismo código penal.

¿Qué fue lo que pasó? Pues que es sabido en todas partes que las leyes tienen dos componentes, su letra y su espíritu. No solamente está el principio de los viejos pensadores griegos que decía que todo sistema en el que no nos convirtamos en siervos de la ley nos convierte en esclavos del hombre. Sino que cuando uno examina bien los últimos trescientos años de la historia reciente se dará cuenta que lo que hace la diferencia entre las instituciones y la consagración de las libertades individuales es el estricto respeto a las leyes.

Soy consciente de que todo régimen –hasta los que ahora aparecen de nuevo corte– tienen derecho, basado en su legitimidad democrática, a crear su propio entramado legal y hacer las lecturas de la Constitución que su soporte popular les permita. El problema no está en lo que puedan llegar a hacer sino en cómo lo hagan. Uno de los grandes milagros que nos enseña la historia es que lo que hace la diferencia entre la evolución y la revolución es precisamente el respeto al ordenamiento legal, mientras se cambia. El mundo actualmente asiste, entre asombrado y estupefacto, al cuestionamiento permanente del principio jeffersoniano de que es mejor un país sin gobierno, pero con prensa libre, que un país con gobierno y sin prensa libre.

El miedo acendrado en función de la experiencia acumulada a lo largo de los años sobre el mal uso que el hombre puede hacer del poder es como si hubiera desaparecido. Los nuevos sistemas de comunicación que son las redes sociales, mismas que permiten que Donald Trump gobierne desde su cama cada mañana a golpe de Twitter, y el cuestionamiento permanente entre la verdad y la mentira sin consecuencias, tienen una estructura que inevitablemente suponen un cambio. Y suponen un cambio brutal en el que el problema no está en cuestionar si tienen derecho a hacerlo sino en cómo usan este derecho para poder hacer aunque sea lo que el mandato popular les otorgó.

Las leyes no están de moda ni el mundo está en un momento en el que cultive su instinto de supervivencia. Pero si algo sabemos es que cada vez que hemos jugado a que el mundo se invente con cada nuevo creador de la máxima verdad, a pesar de haber obtenido el éxito por procedimientos democráticos intachables, nos hemos encontrado abocados a una tragedia.

Las revoluciones hoy son como ladridos al viento, se dan desde las redes sociales y parecen pacíficas, pero en realidad no lo son. Y no lo son porque lo que comienza siendo un sentimiento colectivo depositado con una verdad o una mentira en el universo de las redes sociales, termina desencadenando una serie de acciones que pone en peligro la libertad, la tranquilidad y, desde luego, el entramado de garantía y de seguimiento de las leyes que todo país necesita. Ese fenómeno no tiene ninguna diferencia en ningún país, pasó en Alemania y después en Perú.

El ‘Fujimorazo’ se dio no sólo a base de disolver el Congreso peruano sino también sucedió bajo la intervención del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público. Y es que al final, para gobernar y para seguir adelante con su programa le estorbaba la mayoría parlamentaria que no tenía y las formas de interpretación que la Corte Suprema mantenía sobre la vieja Constitución. Y lo mismo se puede decir de los numerosos conflictos que hay a lo largo y ancho de Estados Unidos y la interminable disputa entre lo que Donald Trump quiere hacer con su 'América primero' y lo que la ley estadounidense le permite.

De Estados Unidos todavía hoy, pese a Trump, pese a Twitter y pese a todos los errores, sigue vigente la memoria que durante más de doscientos años las leyes estuvieron por encima de los hombres. El deterioro es grande, pero por lo menos el combate se mantiene y allí donde hay un fiscal capaz de poner un recurso contra una ilegalidad presidencial renace la esperanza de que no todo está perdido en el sistema democrático estadounidense y, por lo tanto, tampoco lo está en todos los demás sistemas.

El mundo ha seguido un camino en el que hemos pasado de usar casi cien millones de muertos para instaurar un sistema de garantías contra la tortura, el genocidio y la eliminación por diferencias étnicas, religiosas, políticas o de cualquier otra índole a prácticamente molestarle lo que significa un sistema de garantías, basado en el mantenimiento de las libertades. No es que haya una coalición entre la legalidad y la política, es que la política actual, que está hecha desde el universo del sentimiento y no desde el planteamiento racional de la protesta, cree que puede manejar como si todo se tratara de un mensaje de Twitter compuesto por 140 caracteres y por realidades muy complejas.

Si a lo anterior además le añadimos el fracaso que hemos tenido en el reparto de la tarta y agregamos también la injusticia social y los múltiples errores causados por la corrupción y la impunidad, nos encontramos ante la tormenta perfecta. Una tormenta que para sin saber qué es lo que nos espera a la vuelta de la esquina, es mejor quemar todo lo que tenemos hoy. Es peligroso vivir en estos tiempos, sobre todo porque estoy de acuerdo con los que creen que el ordenamiento antiguo no sirve. Pero también sé que un salto al vacío sin ideas claras sobre lo que hay que hacer es seguramente el mayor peligro de suicidio social colectivo que tenemos.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.