La corrupción es un fenómeno que daña sistemáticamente la credibilidad de las instituciones, lo cual trastoca el cumplimiento de sus objetivos a tal grado que propicia un sentimiento de desafecto por parte de las personas que llega a derivar en tensiones sociales y políticas. Para que el combate a ese lastre sea efectivo, se requiere seguir por lo menos dos criterios: desarrollar amplios niveles de apertura informativa que posibiliten a la sociedad visualizar las actuaciones de los servidores públicos a fin de potenciar esquemas preventivos y de rendición de cuentas y; establecer una política de integridad sólida, basada en la coordinación interinstitucional.
El Estado mexicano ha asumido, por medio de configuraciones legales e institucionales sofisticadas, la tarea de atender tales puntos. Por un lado, el perfeccionamiento del entramado del derecho de acceso encuentra su expresión máxima en el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), del que deriva la política general en la materia, complemento necesario de los marcos regulatorios relativos al ejercicio de la prerrogativa. Por su parte, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) da sustento y ordena los esfuerzos de las distintas instancias encargadas de velar por la buena marcha de la administración pública.
El empalme de estos cuerpos sistémicos resulta oportuno pues a mayor publicidad por parte de las instituciones, menos espacios habrá para la corrupción, en virtud de que la exposición del actuar de los funcionarios al escrutinio público eleva el riesgo de que sean advertidos eventuales comportamientos contrarios a lo que se considera adecuado y legal. Esto hace necesario generar las circunstancias que propicien la sinergia entre ambas materias, con el objetivo de convertir a la transparencia en un componente esencial en la lucha contra las prácticas que afecta la función pública.
Es imprescindible la consolidación de un entorno que propicie el aprovechamiento de la información, toda vez que el solo hecho de hacer disponibles los datos de interés resulta insuficiente para alcanzar la meta de disminuir la corrupción; hace falta fortalecer las capacidades de los individuos a fin de que actúen a partir de los insumos allegados, lo que implica la posibilidad de su procesamiento y análisis, así como la colocación de sus hallazgos en la agenda pública.
Adicionalmente, es oportuno colocar un acento sobre el tema del diseño institucional de la rendición de cuentas. Una vez que la sociedad, por medio del procesamiento de los datos adquiridos vía apertura gubernamental, advierta eventuales actos de corrupción, se requiere de la existencia de mecanismos eficaces, eficientes y confiables que permitan activar procedimientos de responsabilidad. Es esencial considerar escenarios en que los indicios y conjeturas surgidas del trabajo de los organismos civiles derivados del ejercicio del derecho de acceso, se conviertan en elementos válidos que motiven procesos de investigación; ello ayudará a diversificar las opciones de las personas para actuar como verdaderos agentes de control del poder.
Transitar hacia este punto requiere de un importante compromiso político y social, esquema en el cual el INAI es parte fundamental ya que al ejercer sus facultades, propicia que la información fluya de manera oportuna y acorde a la ley, condición para que las personas puedan ejercer una efectiva contraloría social, piedra angular que convertirá a la sociedad en un actor clave en la lucha contra el flagelo de la corrupción.