El gobierno tiene contemplado comprar medicamentos en el extranjero para el ejercicio 2021. La iniciativa para reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que permitiría realizar dicha compra, se discutirá en la Cámara de Diputados, con lo cual habría carta abierta para comprar medicamentos en el extranjero sin licitación, lo cual no garantiza el abasto total de insumos para la salud, además de que sería un duro revés a la industria farmacéutica, pues significaría perder, de golpe, 40 por ciento de sus ventas.
De esta manera, el gobierno de la 4T podrá recurrir a organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), para adquirir medicamentos, luego de decidir que la licitación no es la mejor opción para asegurar las mejores condiciones de compra, según señala la propuesta presentada en junio pasado por el diputado Mario Delgado Carrillo.
Sin embargo, es una decisión riesgosa por donde se le vea. Por un lado, el sector farmacéutico genera más de 100 mil empleos directos y más de 500 mil indirectos, además de tener impacto directo en 162 ramas de la actividad económica y una infraestructura, recurso humano y conocimiento técnico que le permite no sólo abastecer el mercado nacional, sino incluso exportar a otras latitudes, en particular a América Central, América del Sur y Europa.
El recurso de importar medicamentos de otras latitudes (seguramente de India y China) no solucionaría el problema de desabasto en el país, y antes bien, pondría en riesgo, además de la economía multiplicadora que genera la industria farmacéutica, la salud de la población, porque la misma OMS, y su filial la Organización Panamericana de la Salud (OPS), han declarado que no se harían responsables de la calidad de los fármacos.
Aunado a ello, del lado del gobierno, si la intención es conseguir costos más bajos, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el ahorro podría ser de entre 2 y 5 por ciento, que no es nada significativo para los problemas que significaría la implementación de esa medida.
A decir de dicho centro, la principal complicación en el sistema de salud pública es la falta de financiamiento, dado que por lo regular los países invierten alrededor de 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a los servicios de salud, pero en México se invierte menos de 3 por ciento.
En 2019 nuestro país apenas logró rebasar la cuarta parte de inversión promedio para salud entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y no sólo eso, México es la nación que menos recursos económicos destina per cápita entre los miembros de dicha organización.
Sólo para dar una idea: la inversión de México en salud es equivalente a poco más de una décima parte de la de la Unión Americana, que es el país que lidera en el sector, a decir del reporte Health at a Glance 2019, desarrollado por la OPS.
La verdad es que este gobierno ha mostrado un gran desconocimiento acerca de cómo trabaja la industria farmacéutica, no sólo en México, sino en el mundo. Es un sector que trabaja bajo contratos, es decir, no produce medicamentos para ver si se venden o no, simplemente porque estos tienen fecha de caducidad y habría grandes pérdidas si sólo se produjera por producir.
Y es que el año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la industria farmacéutica de no querer vender al gobierno algunas líneas de medicamentos. Sin embargo, es un sector que produce con una estricta planeación anual, de ahí la importancia de las licitaciones previas, la famosa compra consolidada, con al menos medio año de antelación.
Con este antecedente, la semana pasada, el 22 de julio para ser exactos, el primer mandatario ordenó compras consolidadas de medicamentos para 2021 por alrededor de 60 mil millones de pesos (mdp) bajo la asesoría y vigilancia de la ONU.
La industria farmacéutica, agrupada en la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), se ha opuesto a la medida y ha publicado una carta abierta dirigida al presidente de la República. Para empezar, le dice al gobierno que si hay corrupción en el sector, que se investigue y se castigue a los culpables, pero le pide no generalizar.
En segundo lugar, la industria farmacéutica advierte que la compra y respectiva importación de medicamentos es totalmente inviable y que provocará muchos más problemas para el país, sobre todo en materia de desabasto, además de calidad de los productos, porque hasta el momento no hay ninguna instancia que garantice su correcta manufactura y procesos.
En tercer lugar, la Canifarma hace un atento llamado al diálogo, a tender un puente de comunicación para que, al final, tanto industria como gobierno logren dar sus argumentos y trabajar en conjunto para bien del país.
Sin duda, la reforma que se discutirá en San Lázaro permitirá la opacidad en la compra de medicamentos, al eliminar de tajo las licitaciones y adjudicar en directo, en condiciones inequitativas para la industria nacional, que sí genera empleos y paga impuestos.
En lo anterior coincidió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que ha pedido evitar la discusión de la iniciativa de reforma, con el argumento de que "las adquisiciones sin licitación a agentes extranjeros propician opacidad y corrupción".
Entre tanto, la industria farmacéutica no se cruza de brazos y está viendo qué acciones tomará en días próximos. Lo cierto es que el gobierno debería ver a este sector como un aliado estratégico y no como un enemigo, sobre todo en tiempos de pandemia como los que estamos viviendo hoy en día.
Sala de urgencias
Va desde aquí un fuerte abrazo solidario para los papás de Ana Lucía, la niña con cáncer recién fallecida, quien viajó a Suiza para continuar con su tratamiento, dado que aquí en México el sistema de salud no le proveyó de sus medicamentos…