Es un gran gusto y honor iniciar hoy esta columna en la página de Opinión de El Financiero, un ejercicio quincenal que buscará llamar la atención a temas, tendencias y debates internacionales y de política exterior de los que México no puede ni debe sustraerse. No hay manera de que nuestro país se dé el lujo de ensimismarse y que crea que lo que ocurre más allá del horizonte no le afecta o no tiene mayor importancia frente a los debates nacionales que hoy se dan sobre el rumbo de la nación y la construcción de un México más democrático y próspero, más justo y equitativo, más tolerante y plural, más seguro y con más justicia.
Lo ocurrido hace unas semanas con poco más de 39 mil mexicanos que se habían inscrito para poder votar desde el extranjero y que fueron excluidos por el Instituto Nacional Electoral en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero es un botón de muestra de algunos potenciales escollos que este ejercicio enfrenta camino a las elecciones. Si bien el INE explicó que los ciudadanos mexicanos -principalmente radicados en Estados Unidos y España- que recibieron una notificación en la que se les informó que su registro era “improcedente”, se debe en su mayoría a casos con inconsistencias en la firma (falsificada, ilegible o inexistente), en el comprobante de domicilio (apócrifo, incorrecto o duplicado, es decir, con un domicilio vigente registrado en México y otro en el extranjero) o bien, por presentar registro incompleto, el asunto desató críticas y preocupación -y especulaciones variopintas- en un país brutalmente polarizado y con un INE bajo asedio por parte del gobierno federal y al cual se le han venido eviscerando recursos, agencia y banda ancha.
Con un total de 226 mil 661 solicitudes recibidas a través del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero, el INE cerró el 25 de febrero pasado el período de registro para que mexicanos residentes en el extranjero participen en las elecciones de 2024. Con la decisión atinada de facilitar el voto en el exterior (mediante un convenio suscrito con la cancillería mexicana en 2016) empadronando y credencializando por primera vez, a través de secciones consulares de embajadas y los consulados de México, este número rebasó la cifra obtenida en la elección federal de 2018, con 181 mil 873 inscripciones, un 24.6 por ciento más de ciudadanos residentes en el extranjero y un brinco notable con respecto al padrón de 2006 (40 mil 876 registros), la primera ocasión en la cual los mexicanos pudimos votar desde el extranjero. La modalidad que más se eligió para ejercer el voto fue por internet, con el 69.8 por ciento del total, seguida de la vía postal, con 22.9 por ciento y el voto presencial -la gran novedad en este ciclo electoral- con 7.2 por ciento. Evidentemente, Estados Unidos fue el país con mayor número de solicitudes, con 156 mil 856.
Y es precisamente aquí, con el voto presencial, restringido a 20 consulados en EU (más el consulado en Montreal y las embajadas en Madrid y París) designados para ello por el INE, que se abre un flanco de vulnerabilidad política y de percepciones importantes para la autoridad electoral, para la credibilidad del proceso y para el resultado mismo. Me explico.
En enero de 2005, durante la reunión anual que la cancillería mexicana organiza desde 1989 en su sede, con todos los titulares de las 162 representaciones mexicanas en el exterior con el propósito de coordinar las acciones y prioridades de política exterior del año que inicia, el consejero presidente del aún entonces IFE fue invitado -ante la decisión del Congreso de permitir por primera vez el voto de los mexicanos en el extranjero- a exponer ante cónsules y embajadores las características que asumiría este hito en la historia electoral del país. En lo que se llegaría a conocer coloquialmente al interior de la SRE y el cuerpo diplomático mexicano como “la rebelión del Bronx”, un grupo de cinco titulares de los consulados mexicanos más grandes en EU (yo me desempeñaba en ese momento como cónsul general en Nueva York), nos opusimos abierta, vocal y vehementemente a la posibilidad de que se instalasen casillas al interior de consulados mexicanos en ese país. Las razones eran sencillas. Primero, varios de nosotros objetábamos que el gobierno federal mexicano volviese a asumir, después de habérsele sustraído una década antes de la organización y conducción de comicios, un papel en las elecciones federales. Segundo, la red consular mexicana venía en aquel momento montada sobre un arco de transformación profundo. El esfuerzo que el Ejecutivo Federal había instrumentado más de una década antes para mitigar el daño entre comunidades mexicanas, resultado del fraude en los comicios de 1988 y los consiguientes esfuerzos de control y cooptación comunitaria desde la red consular, habían venido cediendo a un esfuerzo de la diplomacia mexicana por revertir el paradigma, buscando empoderar a las organizaciones de paisanos en las ciudades y estados de EU en las que estaban asentadas, despolitizando de paso a la red consular y el papel de los cónsules. Haber instalado en ese momento urnas en los consulados habría abierto la puerta a la posibilidad de que líderes comunitarios acusasen -con o sin fundamento- a algún cónsul de parcialidad partidista o de buscar destruir boletas o alterar urnas. Hubiese sido letal para un ejercicio novel que finalmente cerraba la brecha existente entre mexicanos en lo que respecta a derechos político-electorales. El IFE sabiamente reculó de esa decisión.
Hoy el INE ha abierto por primera vez esa puerta al voto presencial y la instalación de casillas en sedes consulares y diplomáticas. Es una decisión preñada de riesgos, particularmente por el perfil de un número importante de cónsules en EU. Nunca antes en la historia de la cancillería se habían designado a tantos titulares ajenos al Servicio Exterior Mexicano como en este sexenio. Hay en este momento, 16 cónsules generales y cónsules en EU producto de nombramientos políticos, la gran mayoría de ellos militantes de Morena o cercanos al partido en el poder. Para rematar, el titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), en la SRE, es un cuadro morenista colocado ahí por su cercanía con la exsecretaria de la Función Pública. Se sabe que varios de ellos, incluyendo al director del IME, han estado movilizando de manera facciosa el voto a favor del partido del presidente, e incluso algunos han agitado para que el INE radique significativamente más boletas de las mil que han sido asignadas a cada uno de esos 20 consulados para el voto presencial. El espectro de un acarreo de votos por parte de cónsules afines al partido en el poder es real, y podría dejar puesta la mesa para acusaciones e impugnaciones en adscripciones consulares, contaminando el voto de los mexicanos en el extranjero y la credibilidad misma del proceso.
Y no es cosa menor. Si bien el número de mexicanos que se han registrado para votar desde el extranjero sigue estando muy por debajo del total de connacionales (millones de ellos, la inmensa mayoría radicados en EU) que tendrían el derecho a ejercer el voto, cómo voten podría ser relevante sobre todo en función de una elección cerrada, tal y como ya ocurrió en 2006, cuando Calderón se llevó la mayoría de esos votos, casi 20 mil de ellos, el 58.3 por ciento del total de votos emitidos ese año desde el extranjero. Y si bien en 2018, López Obrador finalmente ganó ese voto (en 2012, lo había vuelto a perder frente al PAN), con casi 64 mil votos, o el 64 por ciento del registro de votantes en el exterior, el hecho es que se ha convertido en el primer presidente mexicano en décadas en no haberse reunido una sola vez con la comunidad diáspora mexicana en Estados Unidos durante su gestión. Ese voto podría llegar a pasarle factura al presidente y a Morena, y por ello, la alineación partidista de un número relevante de consulados en EU y los flancos que el INE inadvertidamente se ha abierto con la decisión de instalar urnas en ellos podrían entreverarse y convertirse en un foco rojo potencial más camino al 2 de junio.