Donald Trump sigue firme en su plan de expulsar a millones de inmigrantes con estatus ilegal en Estados Unidos. De todas las promesas, peroratas y bravuconadas que ha formulado a lo largo de su campaña presidencial y ahora en el período de transición, pocas parecen ser tan cardinales para él como la deportación de 11.2 millones de personas indocumentadas. Y no solo hizo campaña alcahueteando la xenofobia y el nativismo para atizar el temor a los migrantes. Ha recurrido de manera persistente al discurso hitleriano de que “están envenenando la sangre de nuestro país”.
Pero hoy la discusión sobre lo que se cierne en materia migratoria a partir del 20 de enero requiere de tres toques de realidad. El primero: no hay duda de que las implicaciones económicas, legales y operativas de una deportación masiva podrían hacer de esa promesa más ladrido que mordida, bravata y carne roja para su base de voto duro. La propuesta de deportar a todos los inmigrantes indocumentados impondría pérdidas significativas para la economía estadounidense. Expulsar a 11 millones de trabajadores indocumentados del país, que representan 5 por ciento de la fuerza laboral, reduciría su PIB en un 2.6 por ciento (casi 5 billones de dólares) en 10 años. Pero a ello habría que sumar además una reducción significativa de los ingresos fiscales para el gobierno. Solo en 2022, los hogares de inmigrantes indocumentados abonaron 46 mil 800 millones en impuestos federales y 29 mil 300 millones en impuestos estatales y locales, contribuyendo además con 22 mil 600 millones a la Seguridad Social y 5 mil 700 millones a Medicare. Y estas estimaciones, formuladas por el Instituto Peterson de Economía Internacional en Washington, no contemplan los costos económicos y burocráticos a largo plazo de una operación de deportación masiva sostenida ni el incalculable coste adicional necesario para adquirir la capacidad institucional para expulsar a más de 11 millones de personas a lo largo de cuatro años. Habría además enorme resistencia en estados republicanos que dependen de la fuerza laboral indocumentada, sobre todo en el sector agropecuario, ante un operativo de esa magnitud, y se estima que casi un 14 por ciento de las personas empleadas en la industria de la construcción son indocumentadas. Para poner en contexto la escala de detener a más de 11 millones, la población carcelaria total de EU en 2023, que comprende a todas las personas recluidas en prisiones locales, de condado, estatales y federales, era de 1.9 millones. Ni el gobierno más eficiente, con el pleno aval y apoyo de toda la sociedad, de ambos partidos, y de gobernadores y alcaldes a lo largo y ancho del país -y ninguna de estas características están hoy o estarán presentes en el mediano plazo en EU- encontraría fácil cumplir con la promesa de deportación masiva de Trump. En parte, ésa es la razón por la cual el zar de fronteras designado por el presidente electo empezó a adelantar en privado la semana pasada a algunos republicanos de extrema derecha que el número de deportaciones -y su amplitud- serían más modestos en el transcurso de los primeros meses de la nueva administración. Y la reconstrucción de Los Angeles también jugará ahora un papel en mitigar de arranque impulsos de deportación masiva.
¿Por qué entonces seguir alertando que lo que se podría venir en materia de expulsiones de migrantes indocumentados mexicanos -5 millones de los 11.2 millones son connacionales- y muy probablemente de nacionales de terceros países es real y que México no está leyendo correctamente -y mucho menos preparándose adecuadamente- la determinación y obcecación de Trump y los suyos? Por el segundo toque de realidad. Claramente, el equipo de transición que está preparando la estrategia de deportación está convencido de que quienes enfatizan estas limitantes económicas, legales y operativas -“negacionistas”, les llaman- están anclados en cuatro equívocos.
Equívoco #1: que cuesta demasiado. El equipo de transición argumenta que en 2009 y 2010, ICE deportó a 250 mil personas al año desde el interior de EU, con un presupuesto de 7 mil 500 millones de dólares para este medio millón de deportaciones. En los años transcurridos desde entonces, dicho presupuesto ha aumentado un 20 por ciento a 4 mil 500 millones, pero el equipo de transición argumenta que el gobierno hoy está deportando una fracción del número de inmigrantes que se deportaban antes. Para ellos, todo lo que hay que hacer es volver a la misma “eficacia” que se tenía en 2009-2010 para llegar a 900 mil deportaciones al año a un costo de 31 mil 500 millones anuales. No les parece descabellado.
Equívoco #2: no hay manera de saber quiénes son y dónde están los migrantes indocumentados. El problema es que el equipo de Trump tiene claro que hay un universo lo suficiente grande e identificado para poder mantener niveles de deportación elevados durante los primeros dos a tres años de la administración. El gobierno federal tiene ubicados a 1.2 millones que son criminales convictos o con antecedentes criminales (y de los cuales, ya muchos cuentan con órdenes de deportación), y este universo será precisamente el que alimente el primer bloque de expulsiones. Adicionalmente, hay 1.5 millones más que no son criminales, pero que han pasado por el sistema de tribunales de inmigración y se les ha negado su estatus legal. Al mismo tiempo, hay casi 4 millones de casos que avanzan lentamente a través del proceso de adjudicación de estatus migratorio en los tribunales de inmigración. Ahí, de entrada, hay en conjunto un universo que permitiría, en el caso más conservador, deportaciones de un millón de personas al año -el objetivo que el vicepresidente electo Vance ya ha puesto sobre la mesa- con nombre, apellido y ubicación, sin tener que ir a buscar migrantes indocumentados a campos de cultivo o ciudades.
Equívoco #3: Se violarán las leyes migratorias del país y los derechos civiles al simplemente no haber suficientes recursos ni personal para garantizar a todo migrante detenido el debido proceso. De arranque, el equipo de Trump recurrirá muy probablemente a partir del Día Uno al Acta de Sedición de 1798 para darle la vuelta a las leyes migratorias y de asilo, y detener y deportar de inmediato a inmigrantes con antecedentes penales. Además, argumentan que la administración utilizaría múltiples medios para complementar el limitado número de agentes de inmigración, reasignando personal de otras agencias federales de procuración de justicia, delegar a la policía y alguaciles locales y requisar tropas de la Guardia Nacional para que participen en los planes de deportación.
Equivoco #4: Con la excepción de México y Centroamérica, será casi imposible deportar de regreso a personas de otras naciones, ya sea por razones de costo y distancia o porque hay países que por principio o por la naturaleza de su relación con EU se niegan a aceptar migrantes deportados. Aquí es donde la coacción y amenaza diplomáticas jugarán un papel central. Evidentemente, el equipo de Trump ya está presionando a México para que acepte a nacionales de terceros países, a saber Cuba, Venezuela y Nicaragua, principalmente, y el propio gobierno mexicano ya dejó entrever que ha reculado de su postura original y estaría dispuesto a recibir “algunas nacionalidades”. Y contemplan que Trump emita un mensaje sencillo a otras naciones, como India, por ejemplo: si no aceptan de vuelta a sus indocumentados, el sistema financiero estadounidense cortará (vía controles o impuestos) los flujos de remesas.
Y el tercer toque de realidad tiene que ver con las declaraciones del gobierno mexicano en el sentido de que está listo para encarar y manejar la potencial deportación de miles de connacionales. Ante ello, hay solo una cosa que acotar: prioridad que no está reflejada en el presupuesto no es prioridad; es demagogia. Y el presupuesto aprobado en diciembre no trae un solo peso adicional para la red consular mexicana, de por sí ya canibalizada, y para una cancillería, INM o Comar eviscerados.
Los planes de Trump para revertir la inmigración indocumentada bien podrían toparse con el muro de la realidad económica y legal, así como con la incompetencia que caracterizó su primera gestión presidencial. Pero desestimarlos como mera fanfarronería de campaña es un craso error, y no son tan irreales como proclaman algunos. Podrían pronto evocar escenas de hace siete décadas, cuando más de un millón de migrantes mexicanos indocumentados -y algunos, ciudadanos estadounidenses- fueron deportados a partir de 1954, durante la administración Eisenhower, en la denominada “Operación Espalda Mojada”.