La absorción de los órganos reguladores del sector energético por parte de las secretarías de Estado será uno de los temas medulares dentro de la estrategia que está llevando a cabo el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para revertir la reforma energética de 2013.
La iniciativa que se presentará en febrero es el primer paso para sentar las bases de la retransformación del sector energético, de cara a la segunda mitad del sexenio, y en lo que compete en esta industria, se tocará la naturaleza legal de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Se sabe que por lo pronto, no se avizoran cambios en la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), con la finalidad de no afectar de ninguna forma los más de 100 contratos con las petroleras, incluida Pemex, que administra actualmente el organismo que preside Rogelio Hernández Cázares. El Gobierno de AMLO está consciente que hay enemigos que no quieren azuzar, y las grandes petroleras son algunas de ellas.
En su lugar, se están buscando mecanismos que permitan a Pemex asociarse en proyectos estratégicos, pero sin que estos sean licitados por la CNH. Sobre la mesa hay opciones, pero aún no se ha decidido sobre alguna de ellas.
De acuerdo con fuentes, los cambios más profundos vendrían en la CRE, pues como lo hemos comentado anteriormente, en el 'soberano' modelo de industria que está en la mente del presidente y su gabinete, el organismo que regula los mercados de electricidad, gas natural y combustibles, simplemente les estorba. Se han dado cuenta que no es posible continuar por el camino de los decretos y amparos.
La meta es clara: eliminar la obligación que tiene el organismo de emitir permisos, principalmente en el sector eléctrico, así como para estaciones de gasolina, además de limitar a la industria privada de gas LP, donde Pemex ha perdido mucho espacio.
En este sentido, se buscaría reducir la CRE a una oficina de consulta, meramente técnica, de la Sener, Pemex y la CFE, como de hecho inició en enero de 1994, cuando era un organismo desconcentrado de la entonces Secretaría de Energía, Minas, e Industria Paraestatal, creado a raíz de la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992, pero que como consecuencia de la evolución del mercado, fue adquiriendo cada vez más atribuciones y cierta independencia (jamás ha sido total).
Es cuestión de semanas para que podamos ver si los cambios que propondrá el Poder ejecutivo al Congreso en el próximo periodo ordinario de sesiones, prosperan, o por presiones de grupos políticos y económicos se van a la congeladora, como fue el caso de las modificaciones a la Ley Banxico para obligar al Banco Central a comprar el excedente de dólares de la banca, o como ocurrió anteriormente con el intento de regular el outsourcing; ambas propuestas realizadas a finales del año pasado, y aplazadas para febrero, ¿la tercera será la vencida?