Muchos supusieron que la reforma constitucional por la cual se buscaba modificar la Ley de la Industria Eléctrica era la gran prueba de fuego para la política energética de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, abanderada por la consigna de la soberanía, sin embargo, la controversia que iniciaron los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, a solicitud expresa de las empresas privadas, representa un reto aún más grande.
Esta semana, los constantes reclamos que venían haciendo las firmas multinacionales de los principales socios comerciales de México se materializaron en una solicitud de revisión en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Las posiciones sobre el tema son diversas. Por un lado están aquellos extremistas que afirman que con la medida inicia la debacle del acuerdo comercial más grande del mundo, y que tiene los días contados, lo cual es poco probable, pues los intereses que circundan a este acuerdo no solo se limitan al sector energético; y por el otro, están aquellos que pronostican que legalmente las quejas quedarán empantanadas en una ciénaga legal que se extenderá hasta el siguiente sexenio.
Pero lo cierto es que algunos de los reclamos que tienen los gobiernos de Canadá y EU se pueden solventar con una llamada a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), donde por mandato del Ejecutivo, se han detenido nuevas autorizaciones para permisos tanto eléctricos como de hidrocarburos.
Basta que esos permisos fluyan para que se calmen los ánimos del otro lado de la frontera. Dicho por los propios comisionados que integran el organismo, actualmente hay más de 100 solicitudes tan solo del sector eléctrico, tanto de nuevo permisos, como de modificación de los mismos, que aguardan por ser aprobados por el Órgano de Gobierno de la CRE, mismos que podrían irse liberando paulatinamente.
Sería muy sencillo darles gusto a los socios y evitar la controversia comercial, sí, pero bajo la visión del gobierno, ceder un milímetro en esta puja de poderes representaría negar la naturaleza de su política de soberanía energética, y la imagen del Gobierno Federal quedaría debilitada de cara a las elecciones de los siguientes dos años. Por ello, sería más realista aceptar el escenario de mayor confrontación.
Así, bajo una constante tensión diplomática podríamos ver guerra de aranceles, lo cual pegaría directamente al encarecimiento de un sinfín de productos en diversas industrias, presionando a su vez, y aún más, la implacable inflación.
En este contexto, a nadie le conviene un conflicto económico de este tipo, cierto, pero es un hecho que ninguna de las dos partes, tanto el bloque común formado por EU, ni mucho menos México, van a dar un paso atrás.