En pleno inicio de la construcción del segundo piso de la #4T a cargo de la dra. Claudia Sheinbaum como presidenta de México, quedan remanentes de personajes que se quedaron acostumbrados a trabajar con amaños y malos manejos al interior de Pemex; funcionarios que heredaron sus puestos para cumplir los caprichos de otros que se fueron jubilados, pero que de una u otra manera siguen manejando los hilos para beneficiarse de la mal llamada ‘gallina de los huevos de oro’.
En este contexto, existe una red compleja de corrupción donde interactúan funcionarios públicos actuales, exfuncionarios (algunos ya jubilados y otros convertidos ahora en ‘empresarios’) y contratistas y empresas privadas que son el medio para la operación y obtención de ganancias a través de contratos que les son adjudicados con Pemex.
¿No me cree? Esta red de corrupción moderna ha sido expuesta a través de la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia número CI-FIDDS/E/UI-3 C/D/01137/09-2024. Entre los funcionarios públicos involucrados se encuentran: Alfredo Rayón Casiano (coordinador GMIP APBJ), Antonio Otero Yáñez (encargado de sin equipo en GMIP APBJ), Oscar Melo Narcizo (encargado de sin equipo GMIP APCP), y Luis de Jesús López (gerente de Coordinación Operativa SPRS), por delitos relacionados al cohecho, peculado, desvío y uso indebido de recursos públicos, así como enriquecimiento ilícito, soborno, daños y perjuicios de manera culposa al patrimonio público, incumplimiento con las funciones, y atribuciones como servidores públicos.
Pero esta red de corrupción va un poco más allá en el tiempo y se remonta a ex funcionarios públicos de administraciones anteriores panistas y peñistas. Tal es el caso de Gustavo Hernández García (director de Pemex Exploración y Producción en los tiempos de Emilio Lozoya), célebre por sus vínculos con empresas del Paradise Papers y sus favores a otros proveedores de la petrolera, documentados en este espacio, y que hoy se hace pasar por el ‘inmaculado de la #4T’.
Pero también se encuentran Javier Hinojosa Puebla (también exdirector de Pemex Exploración y Producción), Leonardo Aguilera (exsubdirector de Exploración), Epitacio Solís Fuentes (exgerente de Servicios de Intervenciones a Pozos), y Juan José Falcón (excoordinador de Servicios de Intervenciones a Pozos, Zona Sur).
De acuerdo con la carpeta, y el diagrama que abajo le presento, esta red de ‘servidores públicos’ encontraron una inmejorable mancuerna en Oscar Javier Santos Álvarez, dueño de la contratista OPP Servicios Petroleros, S.A. de C.V. (RFC OSP120309EJA), empresa que ha sido adjudicada con diversos contratos con Pemex por más de 3 mil 600 millones de pesos.
El modo de operar, detalla el documento, es a través de estimación de operaciones simuladas, aumento de volumetría en estimación de obra y servicios, favorecer a esta compañía en la distribución de carga de obra y servicios sobre otras contratistas, ejecución financiera de los contratos de forma acelerada. A esto le sumamos que se ejecutan servicios con maquinaria en malas condiciones, faltos de mantenimiento e incumplimientos en materia de seguridad, salud y medio ambiente, lo que ha conllevado a accidentes en las instalaciones de Pemex, como el ocurrido en mayo de este año en el pozo Ixachi 10, donde las malas condiciones del equipo de esta contratista derivaron en un descarrilamiento incontrolado de la maquinaria que estaban introduciendo al pozo, o el incendio ocurrido en abril del 2022 en el pozo Teotleco 204, también por utilizar equipo chatarra.
Trascendió que recientemente Oscar Santos y compañía decidieron ampliar los horizontes de su empresa OPP Servicios Petroleros y pujaron para al final, con la ayuda de los funcionarios públicos antes mencionados, resultar adjudicado de un contrato que nada tiene que ver con el expertise de la empresa, el contrato 641003816, por 536 millones de pesos y vigencia hasta el 2026, que es un contrato cuyo objeto es el taponamiento y abandono de pozos petroleros y para el cual OPP Servicios Petroleros subcontratan a otra empresa ‘patito’, de la misma red de corrupción, llamada REPSTIM, S.A. de C.V., de la cual es dueño Francisco Cazares Robles, quien fuera subgerente de Servicios a Pozos de PEP.
A la luz de los hechos, si cuando esta red de funcionarios estuvo a cargo de la operación de Pemex no pudieron levantar la producción y endeudaron a la petrolera, ¿cómo es posible que hoy puedan garantizar resultados positivos?, o al menos mantener a Pemex como la recibieron a principios de este mes. Imposible.
Cruz Azul no negocia con delincuentes
Que no le digan, que no le cuenten, Cooperativa La Cruz Azul rechazó categóricamente haber confirmado su asistencia a la convocatoria para negociar con los “secuestradores de la planta de Cemento Cruz Azul” en Tula, desmintiendo al secretario de Gobierno del estado de Hidalgo, Guillermo Olivares, quien afirmaron, “insiste en no cumplir la ley”.
Citando a la presidenta Sheinbaum, la cooperativa insistió en que “con los delincuentes no se negocia”, por lo que hicieron un llamado contundente para que el secretario Olivares respete el Estado de derecho, y de esta forma la planta sea devuelta a sus legítimos propietarios.
Recordar además que no existe ningún recurso legal a través del cual puedan ignorarse las resoluciones tomadas en tribunales locales y federales, por lo que insistieron en que no negociarán lo que por ley les corresponde. Así.