El ala menos radical de la cuarta transformación no pudo contener más al sector privado y éste explotó después de una serie de controversias desatadas por la apreciación que el Presidente López Obrador externó sobre el trabajo de las petroleras privadas en el país, y de manera escalonada, distintos organismos empresariales sacaron las garras y defendieron la apertura energética.
Como consecuencia de las declaraciones matutinas vertidas hace exactamente una semana por el primer mandatario de México, la Asociación Mexicana de Hidrocarburos (Amexhi), a la cual también pertenece Pemex, dijo un día después que han cumplido al 100 por ciento con lo compromisos contractuales adquiridos en las rondas petroleras del gobierno pasado.
Luego, antes de concluir la semana el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) respaldó a la Amexhi y a los 36 mil millones de dólares que las petroleras dicen que invertirán en las siguientes décadas para desarrollar el conveniente potencial petrolero del país.
Para rematar la oleada de inconformidades, el lunes fue turno de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) con la publicación de una especie de manifiesto donde denuncia, dicen, el "retroceso histórico" que representa para la política energética de la #4T.
La posición del organismo que preside Enoch Castellanos destacó por ser la más radical y frontal respecto a la política energética de López Obrador para fortalecer a las empresas productivas del Estado, debilitadas intencionalmente desde los órganos reguladores en el sexenio de Peña Nieto.
Pero a la vez, el manifiesto de la Canacintra destaca también porque reconoce que la reforma peñista no fue la panacea, y no por su estructura, sino por su pésima implementación, al asegurar que "la realidad impone corregir errores", en referencia a la excesiva burocracia y tramitología que frenaron sus bondades, a lo que agregaría que no permitieron presentar suficientes resultados para que hoy mismo se sostenga sola.
Ya le daba cuenta la semana pasada sobre la serie de cambios sigilosos (y otros no tanto) que se habían emprendido para impulsar una contrarreforma energética por parte de la actual administración, quienes en la última semana han sido cada vez más claros sobre sus intenciones de desterrar el peñismo del sector energético por no haber considerado al desarrollo social dentro de sus ambiciones de supuesta modernización.
Al sector empresarial, evidentemente decepcionado de que no se les dará lo que piden dentro del plan de infraestructura del sector energético que presentará el gobierno en febrero, y desesperado ante la impotencia de no poder influir en el capitán del barco, se les agotaron las opciones de diálogo. Lo que sigue es la confrontación. Ganaron los radicales.
Así, es recomendable que antes de llegar al ring en un round que durará cinco años, mejor le pidan al gobierno que los incluya en el trazado de la nueva ruta social en la que debe encauzarse el sector energético, en vez de defender esa reforma de 2013 que se desvanece como un cubo de azúcar en el agua.
Por ejemplo, "crecimiento económico con justicia" es uno de los puntos que exigen los industriales en su pliego petitorio. Buen concepto, por el cual, por cierto, debieron empezar antes de apoyar cualquier cambio tan profundo como lo fue la reforma energética de 2013, que a pesar de ser votada por mayoría en el Congreso mexicano, no contaba con la simpatía (ni empatía) del grueso social, ese mismo que le abrió la puerta a la #4T.
Multas de papel
Tremendo negocio están haciendo cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el municipio de Villa del Carbón, Estado de México.
Usuarios reportan que cuando compras una propiedad ahí, llegan trabajadores de la CFE a inspeccionan los medidores, casualmente encuentran un "neutro flotante" que detiene el avance del contador, por lo que ofrecen venderte una tapa para sellar el medidor, y si no la compras, te mandan a pagar una multa de 9 mil 994 pesos para "librar" la irregularidad.
El problema, de acuerdo con una denuncia que llegó a este espacio,es que la dichosa multa, que no cuenta con línea de captura o un recibo que la sustente jurídicamente, se deposita en la cuenta de un gestor ampliamente conocido por los habitantes. Así.
El tema cae en manos de José Martín Mendoza Hernández, director de CFE Suministro Básico. La CFE tiene mucho dónde barrer.