Más que una gran tentación de cambiar la empresa que tanto criticaste, una vez que llegas a dirigirla, tienes la obligación de hacerlo. Sin embargo, no será sencillo, me explico.
Me refiero a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde a la 4T le urge ya llevar cabo modificaciones de tajo, como la reorganización de las empresas subsidiarias separadas como mandato de la reforma energética de 2013 (RIP), pero que tendría un costo político importante, sin mencionar que no se obedecería al Presidente.
El equipo de Manuel Bartlett tiene frente a sí un reto enorme, que consiste en revertir las medidas que debilitaron a la CFE en el gobierno pasado y que le llevaron a perder más de 60 mil millones de pesos en dos años, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, pero con una condición: no moverle ni una coma al marco legal, cumpliendo la instrucción de Andrés Manuel López Obrador.
Al interior de la empresa productiva del Estado ya se barajan opciones que consideren el menor impacto posible, mismas que se están armando en conjunto con el Consejo de Administración.
El primer paso se dio el 19 de marzo pasado con la publicación de un acuerdo para modificar los términos de la estricta separación legal de la CFE, que se decretó desde 2016. Las fichas están sobre el tablero.
Otro tema que tiene pendiente y que influirá hacia adelante es la empresa de telecomunicaciones que se creó apenas hace unas semanas, y con la que pretenden llevar internet a escuelas, hospitales y zonas vulnerables; en ese proyecto, la CFE está muy consciente de que no es rentable en su primera etapa, que requerirá fuertes inversiones.
Sin embargo, para este último punto, la empresa planea comercializar el servicio y competirle a empresas como Telmex, Izzi y otras más que hoy participan en el mercado.
La tarea tampoco es fácil en este punto para la CFE, pues para realizarlo también requerirían llevar a cabo cambios en el marco legal que, sumado a la polémica por la negociación de los gasoductos, le agregaría una rayita más al clima de incertidumbre para el sector privado.