El único proyecto privado del sector energético que logró colarse en la segunda entrega del paquete de infraestructura para apuntalar la recuperación económica fue la planta de licuefacción de gas natural de IEnova en Ensenada, Baja California, conocida como Energía Costa Azul, y lo logró por una simple y (no tan) sencilla razón: hubo una buena negociación con el gobierno federal.
Fueron dos años los que se tardó IEnova para poder obtener el permiso de exportación de gas por parte de la Secretaría de Energía (Sener), no sin antes haber cumplido algunos requisitos para dicho fin, pues en todo este tiempo el gobierno de México, vía Rocío Nahle como líder de las pláticas, fue cauteloso con el mecanismo de aprobación.
La primera condición que se le pidió fue que se llevara a cabo la consulta pública con el pueblo de Ensenada, ya que es sabido que IEnova no era muy querida en el noroeste del país, pues se le ha acusado de haber violentado el uso de suelo en comunidades indígenas durante gobiernos anteriores. Sin embargo, en octubre ECA celebró la consulta ciudadana donde la mayoría de los votantes le dio el visto bueno a la ambiciosa terminal.
La segunda condición para la planta, que requerirá una inversión de 47 mil millones de pesos, era que para dicho proyecto de licuefacción también se usara un porcentaje del gas que la CFE tiene comprometido importar de Estados Unidos a 20 años y que, de acuerdo con las autoridades, por la mala planeación con que se diseñó en los dos gobiernos pasados, "está atorado" en esa zona del país.
Recordemos que alrededor de 90 por ciento del gas natural que se comercializa en México es importado. Para incentivar la producción nacional, en la Comisión de Energía del Senado se trabaja una iniciativa para modificar el régimen fiscal y de esta forma darle la vuelta a la cifra, un tema muy interesante que abordaremos en otra entrega.
Y la tercera y última condicionante que IEnova cumplió, en afán de hacer que su proyecto caminara, fue que debía alcanzar un acuerdo con la CFE para revisar y bajar la alta tarifa de transporte de un gasoducto de su propiedad que da servicio a la empresa del Estado que va de Sonora a Topolobampo, Sinaloa, asunto que quedó planchado.
Al final, fueron muchas las voces dentro y fuera del gabinete que apuraban la aprobación del plan de infraestructura, con la finalidad de que IEnova realizara el proyecto sin trabas ni peros, pero al final en la mesa se impusieron las condiciones de Nahle y Bartlett.
En diferentes oportunidades, el presidente López Obrador ha afirmado que su gobierno prioriza la administración pública sobre cualquier negocio. Al incluir a IEnova en la lista el mensaje fue claro: la puerta está abierta a la negociación.