El espectro radioeléctrico será más verde del lado del vecino.
Este es un hecho que puede afectar a uno de los fenómenos económicos más importantes de las últimas décadas como es el cacareado nearshoring. Las industrias y las cadenas de suministros que están dentro de este éxodo de Asia a nuestro país (como provincial beneficiario de este boom) requieren en el mismo nivel de exigencias de insumos básicos como energía accesible y sustentable, agua, seguridad y conectividad. De acuerdo al nuevo perfil de las inversiones que buscan en la cercanía al mercado estadounidense su nuevo valor, se trata de empresas con un foco intensivo en automatización y con redes de comunicación sofisticadas con toda su cadena productiva. Esto requiere de una inversión en telecomunicaciones, fundamentalmente en la banda de 5G, que permite mayor cobertura y velocidad en distancias más cortas. Para poder tener esta tecnología y absorber este nuevo mapa industrial en el norte y centro del país, se requieren de dos componentes, uno estatal y otro privado: 1) bandas específicas dentro del espectro radioeléctrico y 2) una potente inversión por parte de los operadores de telecomunicaciones.
Uno de los ejemplos es el sector automotor, sin dudas el mascarón de proa de este fenómeno de relocalización industrial, que requiere una red 5G en sus plantas y para la producción de vehículos inteligentes que requieren de este tipo de conexión para poder aprovechar su potencial. La red 5G permitiría conectar cien veces más dispositivos, lo cual podrá habilitar el internet de las cosas masivo, lo que supone un millón de objetos conectados por kilómetro cuadrado. “En este sentido, a través de las entrevistas intermedias con expertos de telecomunicaciones se identificaron dos obstáculos para la adopción de la red 5G: el despliegue de infraestructura y el costo del espectro”, reza el reporte “Grupo de Trabajo para la Electrificación del Transporte México - Estados Unidos”, publicado por la Dirección de Impulso Económico Global de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el primer trimestre de este año. Allí exponen, con una encuesta a fabricantes, armadoras y proveedores del Tier 1, Tier 2 y Tier 3, los retos que involucra el impulso global hacia la electrificación vehicular, la oportunidad que representa para nuestro país, principal proveedor automotriz de Estados Unidos y el cuarto mayor exportador del planeta.
Uno de los pedidos de este sector plasmado en el reporte es el de reducir el costo del espectro radioeléctrico. Hoy, el espectro mexicano es el más caro de toda América Latina (60 por ciento superior) y casi el doble que en Estados Unidos.
Y es en este punto donde se produce justo ahora una ‘brecha de espectro’.
Mientras de este lado de la frontera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha revisado los costos del espectro a pesar de las reiteradas recomendaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de todas las empresas del sector (Telefónica, AT&T México y hasta el gigante América Móvil), del otro lado de la frontera se ha tomado el camino inverso.
Del otro lado del río Bravo, el presidente Joe Biden puso en marcha en el primer cuatrimestre del año un agresivo plan para lograr la cobertura universal de internet de banda ancha (hoy hay 100 millones de hogares estadounidenses sin este servicio) y el desarrollo de una alianza pública privada para que sean las telecomunicaciones móviles un motor de desarrollo, empleo y bienestar. Lo primero que hizo el gobierno federal fue liberar y asignar un espectro adicional para el uso sin licencia para “promover la innovación continua y la entrada competitiva” (SIC), se actualizaron las reglas para el espectro de la red inalámbrica para aumentar la capacidad en las áreas rurales y el alcance en las áreas urbanas, redefinición de usos más flexibles y actualizados del espectro. Todo está financiado por 2 trillones de dólares en inversión de la iniciativa privada, más 1.2 trillones de dólares de fondos del gobierno federal para la infraestructura tecnológica necesaria para llevarlo a cabo. El dinero público se ejerce de manera local: se baja a los estados, ciudad y condados para que sean los habilitadores más cercanos y eficientes de este despliegue digital. Este ambicioso plan busca que 90 por ciento de la población de Estados Unidos esté conectada primero a 3G, que se potencien las redes 4G y que haya un crecimiento veloz de los servicios 5G fuera de los grandes polos urbanos y de poner al país en la vanguardia de las comunicaciones digitales. Esto se hará muy evidente en todos los polos industriales del sur del país, los que tienen su red de transferencias productivas con nuestro país.
Con esto tendremos del otro lado de la frontera un país altamente conectado y con inversiones poderosas para potenciar la industria; mientras que de este lado seguiremos con un espectro que cuesta el doble que en Estados Unidos, un insumo que las empresas privadas devuelven por su valor desmesurado (ya pasó con Telefónica y AT&T México).
Sin duda, el espectro radioeléctrico será más verde del otro lado de la frontera. Y eso nos puede costar a la hora de la atracción de inversión extranjera directa (IED).