“Las personas con discapacidad en todo el mundo mueren antes que aquellas sin discapacidad y su salud en promedio es peor a lo largo de su vida”.
Así comienza el último reporte de la revista The Lancet, donde analizan la relación entre la discapacidad y el aumento en la mortalidad de las personas que viven con alguna condición de vida. El informe analiza a países de bajos ingresos, de ingresos medios bajos, medios altos y altos. Lo que detectaron es que, a nivel global, la esperanza de vida de las personas con discapacidad (pcd) es de entre 13 y 23 años menos que aquellos sin discapacidad.
En el caso de México (considerado por el Banco Mundial como un país de ingresos medios altos), la esperanza de vida promedio es de 75.8 años, mientras que la de los mexicanos con discapacidad desciende a 63.8, es decir, 12 años de diferencia.
“Tener una discapacidad duplica las probabilidades de desarrollar otras condiciones relacionadas con la salud como accidentes cerebro vasculares, diabetes, depresión, obesidad, asma y deficiente cuidado bucal”, explican los investigadores de The Lancet.
Con este dato, el reporte revela que la mortalidad fue dos veces mayor entre las pcd que entre las personas sin discapacidad, en todos los rangos de edad.
A esto hay que sumarle las inequidades, o la falta de acceso a servicios y atención parejos, los estigmas, la discriminación, la pobreza y las barreras del propio sistema de salud. En nuestro país, 76 por ciento de las personas con discapacidad no tienen acceso a salud pública o privada.
Pero no todo es salud, medicinas o rehabilitación. Hay un punto importante en este reporte, “la educación es un determinante clave de la salud y la mortalidad de las personas”. La educación inclusiva es esencial para el acceso a otros derechos y el mejor escalón hacia la equidad. A mejor educación, mejores oportunidades laborales e independencia con acceso a beneficios de cuidado y retiro. Pero en México sólo 25 por ciento de las personas en edad escolar (5 a 17 años) está cursando estudios regulares. Las pcd son la mayor población analfabeta del país, llegando a 12.5 por ciento, mientras que entre quienes no tienen discapacidad el analfabetismo es de sólo 4.8 por ciento, tres veces menos.
En la Encuesta Nacional de Discriminación 2022, uno de los puntos sobresalientes fue el abandono de las autoridades. A pesar del impulso de las pensiones de Bienestar (que ya suman poco menos de 1.5 millones beneficiarios), 46.1 por ciento de las pcd entrevistadas afirmó que le fueron negadas ayudas sociales y becas en este sexenio. Los otros derechos que les fueron negados por el gobierno fueron atención médica, atención en entes estatales, acceso a la educación y a un empleo.
“En el reporte global, detectamos que uno de cada seis personas con discapacidad no tienen el mismo acceso a la salud, están inmersos en sociedades que los excluye con altas barreras para la educación y el empleo”, agregan los analistas de The Lancet.
¿Cuántos hospitales están preparados para atender a personas con discapacidad más allá de su propia condición? ¿Cuántos ginecólogos y obstetras tienen especialidad en atención a mujeres con discapacidad? ¿Cuántos pediatras? ¿Cuántos psicólogos? ¿Son todos los hospitales accesibles? Y qué decir de los seguros de gastos médicos mayores que son expertos en ‘aislar’ y en evitar tener entre sus afiliados a personas con discapacidad.
La pandemia reveló precisamente la falta de adecuación en infraestructura física y humana para atender a pacientes con discapacidad. No hubo protocolos, no hubo prioridades al ser un grupo vulnerable ni siquiera en los procesos de vacunación. The Lancet realizó un cálculo alrededor del mundo, donde determinó que las pcd tuvieron 2.7 veces más oportunidades de morir de covid-19 que las personas sin discapacidad. Ahora ubiquemos esa cifra en nuestro país, que está en el top 5 de las naciones con mayor letalidad y peor atención de la pandemia.
Un dato que deja como pregunta este reporte es un cálculo que solo pueden hacer países desarrollados con un poderoso arsenal de datos: medir la proporción de muertes de personas con discapacidad que pudieron ser revertidas si se hubieran mejorado la atención y seguimiento de esta población.
Dicen que los arquitectos tapan sus errores con plantas, los pasteleros con crema y los políticos con tierra.