Con la firma de nueve organizaciones de la poderosa IP estadounidense, llegó a manos del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, una carta en la que le pidieron interceder ante la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para que frene las reformas constitucionales que están en lista de espera para debatirse en la siguiente legislatura.
La alerta habla de algo muy real: la violación de los acuerdos ya establecidos en el T-MEC.
Este punto es otro de los ‘irritantes’, de los puntos ásperos que tensan la relación comercial entre los socios, fundamentalmente entre nosotros y Estados Unidos.
Hace unas semanas, en un foro sobre el balance del T-MEC, Marcelo Ebrard, futuro secretario de Economía a cargo de la revisión del tratado, dijo que: “se va a negociar desde una posición de fuerza, no de debilidad”. Desafortunadamente cada vez hay más ingredientes que vuelven precisamente débil la posición mexicana.
Para discutirle el optimismo a Ebrard, de cara a julio de 2026, México tiene más casos como ‘parte acusada’ entre los tres socios: 56 casos versus 15 de Canadá y 14 de Estados Unidos.
¿Qué preocupa a las empresas del sector industrial, químico, tecnológico, médico, de minería y de energía? Que las reformas que arrancan en septiembre próximo (anunciadas por AMLO y ratificadas por Claudia Sheinbaum) afecten no solo a los compromisos firmados en 2020, sino que reduzcan la atracción de inversiones a México y además generen un ambiente de pérdida de competitividad de todo el bloque de Norteamérica en un momento de incertidumbre geopolítica.
Sumar el tema de la reforma judicial a la lista de irritantes no hará más que convertir la revisión en un potencial renegociación sobre todo si el próximo presidente de Estados Unidos es Donald Trump.
“Entre nuestras principales preocupaciones están las enmiendas para debilitar o incluso eliminar varios organismos reguladores autónomos, como el IFT que despide a los profesionales expertos que los integran; para dar trato preferencial a las empresas estatales sobre las empresas del sector privado; en debilitar la protección a los inversionistas; prohibir por completo las ventas de productos agrícolas estadounidenses y ciertos tipos de inversiones extranjeras como la minería a cielo abierto”, reza la carta fechada el 19 de agosto.
Estos puntos son algunos de los famosos ‘irritantes’ con los que llega México a revisar su trayectoria en los primeros seis años del T-MEC. Hacer el cambio que pretende la administración federal sin dudas generará mucha controversia (por no decir violación de acuerdos).
Lo del IFT es uno de los puntos más visibles vinculados a la ‘transformación’ de los entes autónomos.
El Capítulo 18 del Tratado versa sobre el sector telecomunicaciones y en su artículo denominado “Organismos Reguladores de Telecomunicaciones”, indica que “cada parte asegurará que su organismo regulador de telecomunicaciones sea independiente...” y precisa que “para México el organismo regulador de telecomunicaciones es autónomo respecto del Poder Ejecutivo; es independiente en sus decisiones y funcionamiento…”.
A este punto se suma otro factor que es el reclamo de la baja competencia que se ha logrado en este sector, donde el operador preponderante (América Móvil) mantiene más del 60 por ciento del mercado a pesar de la llegada y despliegue de la competencia.
Si se cumple el hecho de que las facultades y los trabajadores del IFT se mudaran a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, eso sólo garantiza el lado técnico que se pide en el Tratado, pero no el de competencia y menos aún la autonomía.
Las empresas, las asociaciones (como las de la carta a Blinken), los sindicatos y todos los jugadores que se sientan afectados por medidas tomadas contra el T-MEC tienen, a partir de enero del año próximo, chances de expresar sus opiniones y propuestas a las comisiones del nuevo Congreso americano que se encargarán de la revisión del tratado en julio de 2026.
La potente presencia inversora y exportadora de China en nuestro país, la prohibición del maíz transgénico, la política energética y ahora la reforma judicial y la eliminación de órganos autónomos son las espadas de Damocles sobre un acuerdo que mueve (como ningún otro bloque económico en el mundo) 3.6 millones de dólares por minuto entre los tres socios.