Si tienes un cliente que compra el 84 por ciento de todo lo que produces, ¿incumplirías con el contrato de proveeduría que firmaste?
Si tienes un cliente que te permite pagar uno de cada cuatro empleados en tu negocio, ¿olvidarías los compromisos preestablecidos que les permite comerciar?
Si tienes un cliente que sigue invirtiendo en tu negocio, que significa el 40 por ciento de las nuevas inyecciones de capital, ¿romperías los acuerdos que permiten continuar con sus inversiones?
Más o menos de este calibre son los balazos en el pie que el gobierno mexicano está dispuesto a dar con modificaciones a 20 leyes (18 de ellas, reformas constitucionales) que de una manera u otra afectan a un contrato del tamaño del T-MEC.
Con Canadá y Estados Unidos formamos desde hace 30 años una alianza comercial que mueve 3.6 millones de dólares por minuto. Este bloque económico representa ni más ni menos que el 30 por ciento del PIB mundial y nos ha permitido convertirnos en el principal socio comercial de la mayor economía del planeta.
Cuando se negociaba el TLCAN entre 1991 y 1993, uno de los puntos que estaba en la mesa como necesarios para estar los tres socios en las mismas condiciones jurídicas era tener organismos antimonopolio que permitan la competencia. De esa manera se crea en 1993 la Comisión Federal de Competencia (COFECO), exactamente 100 años después de que Estados Unidos contara con su propia oficina de antitrust. Uno de los puntos principales del Tratado (tanto en el TLCAN original como su versión renovada en 2020, el T-MEC) es que este tema de competencia/antimonopolios sean autónomas, es decir, independientes del Poder Ejecutivo. En el paquete de reformas de salida del presidente López Obrador tanto la Comisión Federal de Competencia como su escindido, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pasan efectivamente al gobierno federal: la primera bajo la esfera de la Secretaría de Economía y la segunda a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Lo que quedó claro en el T-MEC (firmado y en vigor) es que esta independencia y autonomía permite evitar conflictos de interés o posibles abusos de poder, como es el de ser juez y parte.
Hay otras reformas del famoso Plan C, que también violan un contrato (firmado y en vigor), como la de regresar a Pemex y CFE a ser empresas públicas del Estado, dejarían de ser empresas productivas para cumplir con un mandato social que es supra el lucro de empresas o inversionistas privados. Las dos empresas tendrían sin dudas un trato especial por parte del gobierno federal, algo que afecta a la libre competencia que se acordó en el T-MEC hace cuatro años en el TLCAN hace 30 años.
Otro tiene que ver precisamente con la Reforma Judicial, ya que una de las cláusulas del tratado (firmado y en vigor) requiere que cada uno de los socios (Estados Unidos, Canadá y México) cuenten con tribunales imparciales e independientes.
No es uno, sino tres los efectos directos en el T-MEC que tendría la aprobación del Plan C en septiembre próximo.
Y como es sabido, la incertidumbre y la falta de cumplimiento de acuerdos previos (firmados y en vigor) es el peor ingrediente para la inversión extranjera directa (IED), que para ser justos, en el caso específico de Estados Unidos deberíamos llamarle reinversión extranjera directa, porque de los casi 30 mil mdd que se inyectaron en el país -con el boom del nearshoring- en realidad 97 por ciento fueron reinversiones de empresas ya instaladas y con capital en el país, de los cuales, 44 por ciento fue de compañías estadounidenses.
¿Si fueran sus clientes ustedes que harían?