Esta semana, la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration, como ella misma se define: “pionera en exploración oceánica dedicada al descubrimiento, desarrollo y extracción de minerales críticos”, le ganó un arbitraje al gobierno mexicano amparado por la protección a inversionistas del TLCAN/T-MEC. El monto no es menor: 37.1 millones de dólares.
Lo que pocos, seguro recuerdan, es que esta empresa, cuando comenzó el litigio en 2018, tenía a un socio polémico de este lado de la frontera, ni más ni menos que Alonso Ancira.
El expresidente de Altos Hornos de México compró en 2015 por 3 mdd una participación accionaria en esta firma a través de su ‘vehículo de inversión’ Epsilon (que estaba dentro del consorcio de empresas de AHMSA).
La intención de Ancira y sus socios era la de dragar el fondo marino del Golfo de Ulloa, en la costa del Pacífico Norte, para extraer fosfato, un insumo que se usa para fabricar fertilizantes, un negocio al que se dedicaba el empresario a través de su firma Agronitrogenados, vendida a sobrecosto a Pemex, un escándalo que mantiene tras las rejas al expresidente de la petrolera, Emilio Lozoya.
En 2016, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) les negó autorización de Manifestación de Impacto Ambiental, para este proyecto de minería submarina.
El principal argumento de México para no autorizar a Oddysey fue la aplicación del principio precautorio ante posibles daños al medio ambiente, especies marinas protegidas como las ballenas y tortugas caguama, así como impactos en la pesca de langosta, pulpo, abulón, lenguado, corvina, mero y garropa. La empresa se inconformó porque no se presentaron pruebas científicas contra su trabajo de dragado, que ya realizaban en otros países incluso.
La firma volvió a pedir autorización dos años más tarde y, ante la nueva negativa, elevó el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que dirime controversias que afecten al tratado de libre comercio con Estados Unidos (en ese momento TLCAN, hoy T-MEC). En este caso, la firma de minería marina se amparaba en las disposiciones del Capítulo 11 del tratado, que “protege a los inversionistas transfronterizos y facilita la solución de disputas sobre inversiones”.
El juicio comenzó hace seis años y la resolución se dio a conocer este martes.
La empresa pretendía el pago de daños y perjuicios por un monto de poco más de 2 mil 300 millones de dólares (mdd). Lo conseguido finalmente tras la demanda fueron 37.1 mdd.
Desafortunadamente es una victoria que no pudo saborear Ancira, quien en septiembre de 2021 vendió su participación accionaria en Odyssey, en parte para reunir el dinero que prometió como acuerdo reparatorio al gobierno de México (a favor de Pemex) por la operación de Agronitrogenados, causa por la que, incluso, estuvo detenido en el Reclusorio Norte de la CDMX.