La reforma eléctrica recientemente propuesta al Congreso tiene como una de sus principales características obligar a las personas y empresas a adquirir la energía que primero produzca la CFE, a los precios y condiciones que esta empresa considere conveniente. Esto constituiría de facto un monopolio, ya que los consumidores no podrían seguir adquiriendo la energía a productores privados, aunque su precio fuera inferior. Esto representaría grandes pérdidas a aquellos que hayan invertido en instalaciones solares o eólicas, ya sean grandes consumidores o pequeños hogares con paneles solares.
Lo anterior significaría que el costo promedio de la generación de electricidad se elevaría, mayores costos que alguien deberá absorber, ya sea los consumidores por medio de mayores precios en su recibo de electricidad o el gobierno por medio de subsidios más elevados, los cuales tendría que transferir a los ciudadanos a través de impuestos o más deuda pública.
Al ser la energía un componente fundamental en todo el sector productivo, la rentabilidad del país tendrá una disminución, lo que equivale a menor crecimiento económico en los siguientes años. Sin embargo, el principal impacto de esta reforma es que modifica, de manera drástica, el modelo de desarrollo que se ha seguido en México después del colapso de su sistema económico en la década de los ochenta, cuando el gobierno no pudo enfrentar su elevado déficit fiscal, su alta deuda y el sistema bancario fue expropiado.
Después de la Segunda Guerra Mundial se siguió en Latinoamérica un esquema de sustitución de importaciones. Para lograrlo se imponían elevados aranceles para encarecer y reducir las importaciones, con la expectativa de que se desarrollara una capacidad empresarial interna. En las primeras etapas del proceso, cuando se fabricaban los productos finales, el esquema fue relativamente exitoso; pero no disminuían las importaciones, ya que se requerían mayores importaciones de los bienes intermedios y de las materias primas, así como de los bienes de capital, es decir la maquinaria, lo que presionaba la balanza comercial.
En ese entonces los precios se fijaban internamente en función de los elevados costos de producción y los consumidores los aceptaban porque no tenían alternativas. Pero por la misma razón, las exportaciones disminuían en términos relativos porque los costos de los bienes producidos internamente eran altos.
Durante un tiempo el gobierno pudo proporcionar las divisas adicionales que requería el esquema por medio de las exportaciones de petróleo y de un creciente endeudamiento externo. Finalmente, la generación de divisas fue insuficiente y se colapsó la economía. Esto cerró la capacidad para importar los bienes que requería la economía y la población como alimentos, materias primas e insumos para la industria, lo que provocó una grave crisis económica.
Por está razón el gobierno modificó de manera drástica el modelo de desarrollo para volver a la planta productiva nacional competitiva a nivel internacional y así poder competir en los mercados globales y generar las divisas que se requieren. Esto se ha ido logrando en los pasados lustros y las empresas mexicanas destacan en diversos sectores productivos a nivel internacional, se generan las divisas necesarias para lograr importar los insumos que requieren y se tiene una mucho menor inflación. Se requieren más reformas que permitan un crecimiento económico adicional y así generar los empleos que la población necesita, volver más eficiente al gobierno, reducir la corrupción e incrementar la seguridad en el territorio nacional, una disminución en los impuestos para hacerlos más comparable que lo que tienen nuestros principales socios comerciales, mejores niveles de educación, así como la formalización de la mitad de la fuerza de trabajo para que tengan seguridad social y colaboren en el desarrollo del país.
Sin embargo, la reforma eléctrica que se está proponiendo va en la dirección opuesta al elevar los precios del energético y subir los impuestos, lo cual haría menos competitiva a una parte importante del sector productivo y exportador nacional. Esto tendría un impacto negativo en las exportaciones, lo que pondría una presión adicional en la cotización del tipo de cambio. Es cierto que esto podría ser compensado en parte con incrementos en las tasas de interés, pero se perjudicaría aún más a las empresas y a los consumidores. Además, la inversión en el país tendría otra reducción por la incertidumbre creada al modificar los contratos previamente acordados. Esta reforma eléctrica pone en riesgo el desarrollo económico del país para los próximos años.
El autor es economista.