La semana pasada escribí que se estaban formando nubarrones en el entorno internacional que presagiaban la creación de una tormenta económica que golpearía a México, por lo que era necesario tomar decisiones en el entorno nacional para enfrentarla.
La realidad lo está confirmando con la fuerte volatilidad de los mercados globales bursátiles y de bonos, de divisas y precios de materias primas y de diversos productos agrícolas. Debido a la importancia que tiene nuestra economía en el comercio internacional, estos cambios tienen un impacto en México.
La principal razón, pero no la única, que está causando esto es el cambio en las políticas expansivas que han seguido los países desarrollados en los pasados años para enfrentar sus diversas crisis económicas y de salud. Ahora inician políticas más neutras o incluso posiblemente contraccionistas para evitar que sus inflaciones sigan incrementándose, lo que reduce el poder de compra de los consumidores e incrementa las tasas de interés, haciendo más onerosa el servicio de las deudas.
Sin embargo, la propuesta de reforma eléctrica que se está discutiendo en la actualidad en el Congreso mexicano lograría el objetivo contrario, al agravar el entorno para el funcionamiento de las empresas. Parece que no se está consciente del elevado costo que la reforma tendría para el país, ya que se destruiría el actual esquema de desarrollo que se ha seguido en México en las pasadas décadas. Además, tendría otros impactos negativos en términos ecológicos, de juicios internacionales por parte de inversionistas y conflictos con otras naciones, de caída en la inversión tanto nacional como extranjera en el país, así como un grave y negativo efecto en la operación del TMEC.
La reforma tendría como primer impacto un incremento en el costo de la electricidad, ya sea que las empresas y las familias paguemos más por la misma o que el gobierno lo absorba a través de mayores subsidios. Como los gobiernos no crean recursos sino los obtienen de la sociedad, sería inevitable un incremento en los impuestos para compensarlo o una reducción adicional en los bienes y servicios que proporciona a la sociedad. Entre estos están la seguridad pública, el mantenimiento de la infraestructura, salud pública, pensiones, impartición de justicia, calidad en la educación, menores sueldos reales a los servidores públicos y miles de aspectos adicionales. Todo lo anterior ya impacta en la calidad de la vida de los habitantes del país por los ajustes de los años pasados e incluso se deterioraría aún más.
El actual modelo de desarrollo del país está basado en propiciar que las empresas nacionales sean competitivas en los mercados extranjeros, para que puedan generar las divisas que se requieren para importar del extranjero los insumos que la industria necesita, adquirir los bienes de consumo y los medicamentos que no se pueden producir internamente. Además, se han reducido de manera significativa los precios a los consumidores en los años anteriores.
Anteriormente, cuando se seguía una política de sustitución de importaciones que tenía como objetivo producir internamente la mayor cantidad de bienes y dejar de importarlos, la empresa mexicana redujo el porcentaje de exportaciones y, consecuentemente, de generación de divisas. Para compensar esto el gobierno surtía de dólares a la economía por medio de sus exportaciones de petróleo y un creciente endeudamiento externo, lo cual fue insostenible y resultó en la periódicas crisis cambiarias y financieras que sufrió el país, principalmente al final de los sexenios presidenciales. Para corregir esto, se cambió el esquema de desarrollo económico a uno de mayor competitividad y fomento a las exportaciones.
Durante las últimas décadas se avanzó en este aspecto y la productividad de las empresas nacional se ha incrementado de una manera impresionante, lo que ha permitido que los salarios que pagan las empresas exportadoras y maquiladoras sean superiores al promedio nacional, al mismo tiempo que sus costos se han reducido. Por otro lado, se han podido evitar las periódicas crisis financieras que tenía el país.
Este incremento en el precio de la electricidad, que diversos estudios técnicos lo sitúan arriba de 30 por ciento, haría que miles de empresas dejen de ser competitivas en los mercados internacionales, al elevar sus costos de producción. Para compensarlo, la tendencia sería una reducción en los sueldos y salarios reales, así como una menor exportación de productos manufacturados, menor generación de divisas y una mayor debilidad del peso mexicano, lo que a su vez resultaría en mayor inflación y menor poder de compra. Por lo mismo, el crecimiento de la economía mexicana sería menor, ya que el sector externo es en la actualidad la principal fuente de crecimiento.
El autor es economista.