Economista
En días pasados se conocieron los datos de las finanzas públicas al mes de septiembre del presente año, esto es los primeros nueve meses de 2022. Hay que destacar que los datos de la contabilidad nacional, y en especial de las finanzas del sector público en nuestro país, son bastante oportunas y de mucho mejor calidad que en la mayoría de los demás países latinoamericanos. Incluso las presentadas por otros gobiernos son de muy mala calidad e incluso no existen o no se dan a conocer de manera esporádica, como es en los casos de Cuba y de Venezuela.
En los primeros nueve meses del presente año la situación financiera del sector público es razonablemente sana, ya que el balance público solo se ha incrementado en 1.5 por ciento por arriba de la inflación en comparación al mismo periodo del año anterior, es decir se elevó a 396 mil millones de pesos en este periodo. Esto resulta de qué el Gasto Neto Presupuestario creció en 3.5 por ciento real (es decir por arriba de la inflación) y el Ingreso Presupuestario lo hizo en 4.8 por ciento. Sin embargo, como resultado de lo anterior y de otros ajustes, los llamados Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), que es la medida más amplia de la deuda pública, se incrementó en 492.3 miles de millones de pesos en este periodo, es decir aumentó en casi medio billón de pesos.
Con los datos anteriores la Deuda Bruta Total del Sector Público Federal al mes de septiembre totalizó 14 billones 260 mil 826 millones de pesos, es decir 14.2 billones de pesos, sumando la deuda interna y la externa que está en dólares, pero se convierte a su equivalente en pesos. Esto la sitúa cercana al 52 por ciento del PIB del país, mientras que en la mayoría de los países desarrollados es cercana a lo doble de este porcentaje.
Al revisar el Presupuesto 2023 presentado al Congreso, se identifica una solicitud de un techo de endeudamiento adicional por 1.2 billones de pesos, del cual el 97 por ciento serán para el Gobierno Federal y el remanente para las Empresas Productivas del Estado. Con esto y suponiendo que no existe un ajuste importante en el tipo de cambio, la deuda al final del próximo año será cercana a los 15.4 billones de pesos. Si se diera el crecimiento económico que estima el gobierno, esto sería muy cercano al 50 por ciento del PIB, que parece compararse de manera favorable con otros países más desarrollados.
Sin embargo, esta comparación no es del todo correcta, porque nuestro gobierno paga tasas de interés que son más del doble que las erogada por los gobiernos de otras naciones. Además, los ingresos del sector público como porcentaje son relativamente bajos en comparación internacional y un porcentaje importante ya se canaliza al servicio de la deuda. Por ejemplo, en los primeros nueve meses el pago de los intereses y las amortizaciones de la deuda pública es cercano al 12 por ciento de todo el gasto público y uno de los principales renglones de este.
A pesar de que las finanzas públicas son aparentemente sanas, la deuda pública ha tenido un importante incremento en los pasados años, ya que al finalizar el año de 2018 era de 10.8 billones de pesos, lo que significa que al terminar 2023 se habrá incrementado en 43 por ciento, si se cumplen las previsiones de gasto e ingresos públicos.
Como es muy probable que las tasas de interés internacionales se eleven aún más de lo que se estima en el Presupuesto 2023, por lo que este componente del gasto será aún más relevante de lo previsto. Esto significa que el gobierno enfatizará su política de austeridad en los siguientes meses, afectando de manera negativa diversos servicios públicos. Además, es probable que habrá mayores retrasos en los pagos a los diversos proveedores del sector público y en la medida en que el gobierno tenga que endeudarse en el mercado interno, habrá una menor disponibilidad de recursos para las empresas privadas, así como para los consumidores. Finalmente, es posible que se presione más fuerte al Banco de México para que no eleve las tasas de interés para que no se presionen las finanzas públicas, lo que resultaría en un debilitamiento en el tipo de cambio.
En conclusión, seguirán e incluso se agravarán las presiones y la volatilidad en los mercados financieros en nuestro país en el 2023. Muchas de estas presiones se reducirían si se incrementará el crecimiento económico y la generación de mejores empleos formales, lo cual se lograría con otorgar una mayor certidumbre a la inversión privada y mayor seguridad en el país.