ACAPULCO, Gro.- Cerca de un año ha pasado desde que el huracán Otis causó graves estragos en esta importante ciudad, que vive primordialmente del turismo y que beneficia a todo el estado de Guerrero. Este fuerte fenómeno destruyó una parte importante de las instalaciones turísticas de este puerto, como son los restaurantes, las marinas y el club de yates, así como diversos supermercados y tiendas de toda índole. Además, hubo la destrucción de departamentos, así como importantes hoteles. Esto perjudicó los ingresos y los empleos de los habitantes de esta ciudad, que tiene cerca de un millón de personas.
Paulatinamente se han realizado diversas inversiones para corregir parte de los daños, pero las mismas son muy lentas y es difícil lograr la recuperación de la ciudad y regresar a la actividad que tenía previamente. Es preocupante la cantidad de edificios que todavía continúan abandonados, cuyos dueños perdieron parte importante de sus patrimonios y falta agua potable en distintas partes de la ciudad, así como regularizar distintos servicios públicos. Los daños son evidentes y a esto se agrega la falta de personal que está dispuesta a trabajar, ya que por una parte se tiene una importante emigración de parte de la población hacia otras ciudades en búsqueda de mejores oportunidades y por otra parte, los ingresos en efectivo que proporciona el gobierno, a través de los distintos programas sociales, desincentiva la incorporación de jóvenes a la fuerza de trabajo.
Lo anterior se parece a lo que sucedió en Venezuela cuando se empezaron a dar subsidios en efectivo en partes del país. En esa época, el resultado fue un drástico incremento en el consumo de cerveza y otras bebidas alcohólicas, en lugar de tener mayor generación de empleos. Sería interesante ver si este mismo fenómeno está ocurriendo en México.
La reducción de la actividad turística en Acapulco ha disminuido los ingresos para la población, pero también la de los gobiernos municipales, del estatal y del federal, lo que disminuye su capacidad de otorgar servicios públicos.
Algunos particulares pueden realizar obras de recuperación en sus propiedades, pero no todos tienen la capacidad de hacerlo. Sin embargo, no tienen los recursos ni la capacidad legal de realizar inversiones en servicios públicos, como alumbrado, agua y drenaje, proporcionar seguridad pública, arreglar instalaciones marítimas y otros muchos más. Estos son responsabilidad de los gobiernos, pero con la actual restricción que hay en el presupuesto público se ha reducido o eliminado una gran cantidad de fondos de apoyo para la población.
La situación actual se compara de manera desfavorable con el impacto que tuvo el huracán Paulina en el año de 1997, en el cual el servicio meteorológico dio 32 avisos previos para preparar la población y a los funcionarios públicos sobre lo que venía adelante. En esa ocasión, en cuestión de pocas horas se inició el restablecimiento del servicio de electricidad en varias partes de la ciudad, se instalaron hospitales movibles, se reforzó la seguridad pública y el mismo presidente personalmente supervisó parte de los apoyos en la ciudad.
Los particulares no tienen la capacidad de obtener los abundantes recursos internacionales a tasas de interés subsidiadas para este tipo de apoyos para poblaciones damnificadas, pero los gobiernos sí pueden hacerlo. Además, pueden apoyar para la población de distintas maneras como son la deducción fiscal inmediata de la inversión privada para recuperar las instalaciones afectadas para la habilitación de inmuebles, por un tiempo definido. También pueden iniciar campañas de recopilación de fondos con los grandes consorcios nacionales y extranjeros y otras muchas maneras más. Se ha perdido un tiempo valioso para recuperar a un importante centro turístico nacional.