La informalidad es una de las principales causas de la pobreza en los distintos países, por el bajo nivel de productividad y, consecuentemente, de ingresos de este grupo. Además los trabajadores que participan en este sector son fuente de presiones y fricciones en el entorno familiar al no contar con prestaciones sociales como servicios médicos y fondo de jubilación. Es frecuente que enfermedades inesperadas acaben con el patrimonio de las personas y que los abuelos tengan que vivir con sus hijos y nietos.
En México existe un grave problema de poca creación de empleo formal, debido a la baja inversión que se realiza en el país. Mientras que la Inversión Fija Bruta del sector privado y del público es cercana a 21 por ciento del PIB, debería ser cercana al 30 por ciento para lograr la creación de empleos que se requiere. Por lo mismo, un porcentaje importante de la Población Económicamente Activa tiene que laborar en el sector informal para obtener los ingresos que requiere para vivir.
Nuestro país cuenta con una población total de 125.8 millones de personas en la actualidad, de las cuales 94.6 millones tienen más de 15 años de edad. De estos, 59.8 por ciento es el denominado Población Económicamente Activa o PEA, es decir 56.9 millones de personas. El restante incluye a los estudiantes, a los jubilados, a las amas de casa que no obtienen ingresos por sus actividades, etcétera. Los datos que publica el Inegi muestran que de la PEA el 3.5 por ciento está desocupado (es decir dos millones de personas), lo cual es uno de los porcentajes más bajos entre los países de la OCDE, lo que con frecuencia se presume en foros internacionales.
Sin embargo, este porcentaje no es comparable con los datos de otros países porque se refiere solo a las personas que no trabajaron ni siquiera una hora en la semana de la encuesta, pero sí realizaron alguna actividad en la búsqueda de un empleo. En México la mayoría de las personas que no tienen un trabajo formal sí realizan actividades para tener algún ingreso, sobre todo en la economía informal, por lo que no se pueden incluir en el porcentaje de desocupado. En cambio, en la mayoría de los países desarrollados existe el seguro de desempleo, que les impide tener otro trabajo, lo que permite tener estadísticas más confiables de las personas sin trabajo formal.
Para tener una idea más clara del desempleo, se debería sumar al porcentaje de población desocupada la denominada subocupada, es decir aquellos que desean trabajar más tiempo, que representan 7.7 por ciento de la PEA. Ambos conceptos representan 11.2 por ciento de la Población Económicamente Activa.
Sin embargo, a pesar del detalle de las estadísticas anteriores, las mismas no reflejan con exactitud la presión del empleo que tiene nuestro país, ya que es muy elevado el porcentaje de la población que trabaja en la informalidad. Para obtener este número hay que sumar los que están en el sector informal de la economía propiamente dicha, con aquellos que operan con recursos de los hogares sin constituirse en empresa, con los trabajadores domésticos remunerados y los que laboran en el gobierno, en las empresas o en instituciones que eluden el registro de la seguridad social y con los informales del sector agropecuario. Todas estas modalidades representan 56.3 por ciento de la población ocupada, lo que significa que 30.9 millones de personas están en la informalidad, es decir su número es incluso mayor que aquellos que están en la formalidad, que pagan impuestos y tienen prestaciones sociales de distinta característica.
En conclusión, de una población total de 125.8 millones de personas que tiene el país, solo 26 millones trabajan en empleos formales, que pagan impuestos directos y que tienen prestaciones sociales. Esto significa que el gobierno tiene que proporcionar servicios públicos a la totalidad de las personas con los recursos que solo la quinta parte de la población paga (más los impuestos indirectos). De aquí la preocupación de que el gobierno incremente los subsidios y prestaciones a un mayor número de personas sin imponer impuestos al sector informal. En este caso, la manera en que se podría evitar un incremento del déficit fiscal sería por medio de elevar los impuestos al mismo grupo de causantes que en la actualidad ya paga impuestos en el país, lo que castigaría aún más a la inversión y a la creación de empleos. Este es uno de los graves problemas que tiene el país y el no enfrentarlo solo agravará el entorno económico.