Las estadísticas dadas a conocer en los pasados días confirman la actual desaceleración de la economía mexicana, que de continuar hundirían a la economía en una recesión, perjudicando a numerosos sectores de la población y zonas del territorio nacional. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), es una buena guía del comportamiento del PIB, ya que es mensual y abarca el 95 por ciento del agregado bruto de la economía. Para el pasado mes de mayo tuvo una contracción de -0.3 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, mostrando una clara tendencia decreciente a partir del mes de julio del año pasado, cuando alcanzó su máximo nivel. Es preocupante que el sector industrial mostró una caída del -3.1 por ciento en el mes. La principal causa de este deterioro en la producción es la contracción que se registra en la inversión.
Como es lo usual en estos casos, los más perjudicados son los grupos más pobres, ya que precisamente lo son porque tienen menor preparación y estudios de cómo opera la economía, por lo que conocen menos las estrategias y tienen menos alternativas para defender sus ingresos y patrimonios en entornos adversos.
Se menciona con frecuencia al Estado de derecho como un requisito para lograr el crecimiento económico, pero esto no siempre es bien entendido. En días pasados al ir recorriendo por una angosta, pero transitada carretera, me quedó muy claro la importancia de que se respeten las distintas disposiciones para que pueda darse el desarrollo. En una sociedad en donde se respetan las reglas se puede manejar confiado en que los demás automovilistas transitarán en su respectivo carril, por lo que yo puedo avanzar a buena velocidad sin temor a sufrir un accidente. Por lo mismo puedo calcular mi tiempo para llegar otra ciudad para realizar diversos trámites o actividades comerciales y tener una idea muy aproximadamente de mis costos.
Sin embargo, si por alguna razón las personas dejan de respetar estas reglas, es decir si se abandona el Estado de derecho o si los gobiernos hacen malas leyes o reglamentos y se puede circular en cualquier carril en cualquier dirección, el movimiento de los vehículos será más lento, se tendrán más accidentes y habrá una mayor dificultad para llegar a cualquier destino. Además el transporte de mercancías y productos, así como cualquier trámite será más costoso, bajarán las utilidades por lo tanto la inversión se reducirá.
Un ejemplo muy claro de esto es lo que está sucediendo con el turismo en la ciudad de Acapulco, Oaxaca y en otras más, donde es frecuente que las distintas casetas de cobro de las vías de comunicación o los aeropuertos estén tomados por manifestantes e incluso se cierren las carreteras, lo que hace muy difícil saber el tiempo que uno podrá tardar en llegar por vía terrestre y más costoso el desplazamiento. Esto ha resultado en una caída en el número de visitantes y de empresas que van a esas ciudades, lo que ha impactado en la creación de empleos y en los ingresos de la población, lo que aumenta la delincuencia.
En general en Latinoamérica, pero sobre todo en México, existen amplios sectores que no respetan el Estado de derecho, lo cual dificulta y encarece la producción, reduce la inversión y el ingreso nacional, así como eleva el costo de los diversos trámites, todo lo cual resulta en sueldos muy bajos en comparación con otros países. Entre las razones por las que no se respeta el Estado de derecho están:
1) Desconocimiento de las leyes y los reglamentos, así como su frecuente modificación;
2) el que las mismas se consideren injustas o de difícil cumplimiento;
3) porque en el caso de su incumplimiento no hay costos o castigos;
4) porque los beneficios de su incumplimiento son mucho mayor que su castigo, etcétera.
El nuevo gobierno federal y el Congreso están llevando a cabo una gran cantidad de cambios a distintas leyes e instituciones en el país, lo cual está modificando y dificultando el Estado de derecho. Por lo mismo, los distintos inversionistas de largo plazo están deteniendo proyectos hasta conocer con más detalle el nuevo entorno económico que predominará en México, cómo se aplicarán las nuevas disposiciones y cómo se financiarán los nuevos programas sociales. Si antes el Estado de derecho era muy débil, ahora su cumplimiento se dificulta aún más, impactando la inversión.