Los datos publicados ayer por el Inegi confirman que la economía está entrando a un periodo recesivo, al registrar el PIB dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo; aunque no se presenta un incremento en el desempleo ni una devaluación drástica del tipo de cambio, como sucedía en recesiones anteriores.
Debido a lo anterior es posible que algunos sectores soliciten que el Banco de México "financie la reactivación de la economía" y el déficit público por medio de una expansión del crédito nacional, sobre todo al gobierno federal. Sin embargo, incrementar la liquidez de la economía en el actual entorno de desconfianza se traduciría en una fuerte salida de divisas del país con la consiguiente devaluación, así como en mayor inflación y desempleo. Esto es lo que ocurrió en ocasiones anteriores cuando se tenían escenarios de desconfianza por problemas sociales o políticos graves. Sin embargo, esto no está ocurriendo en este momento por dos elementos relevantes, que son la autonomía del Banco de México y el esfuerzo por mantener un bajo déficit en las finanzas públicas. Aunque la economía está detenida por desconocimiento o desconfianza en las políticas económicas del gobierno, esto no se ha reflejado en una fuga relevante de capitales del país.
En días pasados se cumplió el 25 aniversario de la autonomía del Banco de México y gran parte de la población mexicana no está consciente de su importancia, a pesar de que se beneficia de este hecho todos los días. Esto se refleja en que la inflación es reducida, cercana a 3 por ciento anual y por consiguiente se tienen menores tasas de interés de las que predominaron en el pasado. Anteriormente el Banco Central era una dependencia del gobierno federal, al cual le financiaba su déficit por medio de emisión de moneda, sin que este tuviera que recurrir a la venta de deuda en los mercados nacionales o extranjeros. Además, como la información era con frecuencia reservada, era difícil saber qué tan elevada era la deuda entre ambas entidades del gobierno. Como efecto de esto se tuvieron tasa de inflación y de interés superiores al 100 por ciento, lo cual desembocó en quiebra de numerosas empresas, así como elevado desempleo.
La autonomía del Banco de México, misma que define la Constitución, consiste en que sus decisiones son tomadas por una Junta de Gobierno y son independientes de los deseos del presidente de la República, de los secretarios de Estado o de los integrantes del Congreso. Además en la reforma al artículo 28° constitucional de 1993 se indica explícitamente "que ninguna autoridad podrá ordenar al Banco conceder financiamiento". Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, lo que es una manera elegante de decir que mantendrá baja la inflación en el país.
Esto beneficia principalmente a los sectores de menores ingresos, quienes son los primeros en sufrir caídas en sus ingresos reales por la inflación, al tener sueldos y salarios fijos; además que con frecuencia no tienen otras opciones para mantener su ahorro que dinero en efectivo, el cual pierde su poder de compra todos los días por los aumentos de precios. Por otro lado, los sectores de la población de mayores ingresos tienen mayores posibilidades y conocimiento no solo para mantener su ahorro, sino incluso para beneficiarse de las altas tasas de inflación.
En México y en otros países, sobre todo en Latinoamérica en las pasadas décadas, en algunas ocasiones se ha tomado la decisión de quitarle la autonomía a los bancos centrales con el pretendido objetivo de elevar el crecimiento económico, reducir la corrupción o mayor eficiencia. Esto ha sucedido en Brasil, en Argentina y más reciente en Venezuela, siendo siempre el resultado una mayor inflación y desempleo, devaluaciones del tipo de cambio y una mayor recesión de la que se pretendía evitar.
En los pasados meses el Congreso y el gobierno de México han debilitado la autonomía de diversos organismos e instituciones con el objetivo de erradicar la corrupción. Sin embargo, la actual estabilidad macroeconómica del país está fuertemente apoyada en la autonomía del Banco de México. Modificar este pilar tendría un fuerte impacto en la confianza de los inversionistas y ahorradores, tanto nacionales como extranjeros, quienes pondrían en duda la estabilidad de toda la economía, con su consecuente impacto negativo. Por el bienestar de los pobres en el país, no es conveniente hacerlo.