En 2016 un consorcio mundial de periodistas y medios publicaron una historia conocida internacionalmente como Panama Papers. Ahí se demostraba con documentos filtrados de una firma de abogados panameños, el proceso de creación de empresas fantasma utilizadas por corporaciones, millonarios, criminales y políticos de todo el mundo para evadir impuestos y lavar dinero (Loopholes for Kleptocrats, Jake Bernsteint, New York Review of Books, 02-12-2021). Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas protagonizaron una comedia no muy bien lograda sobre los Panama Papers.
De acuerdo con la OCDE, los llamados paraísos fiscales son aquellos países que no cobran –o cobran muy poco– impuestos a los ingresos de las empresas o de los individuos, especialmente cuando esos ingresos se generan en otro país o jurisdicción; donde hay falta de transparencia en la información fiscal; donde las leyes no permiten o dificultan el intercambio de información con otros países o jurisdicciones con propósitos fiscales; y en donde hay leyes muy estrictas de secreto bancario o de protección de datos personales. Los paraísos fiscales representan un grave problema, no solamente porque muchos países perdemos recursos fiscales que podrían ser utilizados para ofrecer mejores servicios públicos; los paraísos fiscales también ayudan a ocultar las ganancias de políticos corruptos, del crimen organizado y de grupos terroristas.
Se ha sellado en la imaginación colectiva, con ayuda de la influencia de Hollywood, la imagen de los paraísos fiscales como lugares exóticos y tropicales, países bananeros que generalmente son islas-Estado del Caribe o del Pacífico Sur. Sin embargo, la realidad es muy diferente. No todos los paraísos fiscales tienen playa, sol, palmeras e instituciones débiles. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, califican como paraísos fiscales Aruba, Bahamas y Santa Lucía, pero también el estado norteamericano de Delaware, Suiza, Singapur, Holanda, Dublín, Israel, Luxemburgo y Londres.
Los Pandora Papers, otro reportaje sobre lavado de dinero y evasión fiscal publicado el año pasado, mostró cómo en Estados Unidos se oculta dinero en fideicomisos de empresas sin beneficiario final evidente, fideicomisos y fundaciones oscuras, y que ahí también se facilita el ocultamiento de fondos ilícitos detrás de transacciones de bienes raíces, fondos de inversión y compra de obras de arte.
Casey Michel en American Kleptocracy (Saint Martin’s Press, 2021) explica que el tipo de leyes que crean paraísos fiscales fueron estrenadas en el estado norteamericano de Nueva Jersey a principios del siglo XIX. Delaware copió esas leyes y más tarde lo hicieron las Islas Vírgenes Británicas y más tarde Panamá. Lo demás es historia. Hoy, cerca de la mitad de todas las corporaciones de Estados Unidos –1.3 millones– están registradas en Delaware, el séptimo estado menos poblado de Estados Unidos con 960 mil habitantes. Casi 70 por ciento de las empresas listadas en Fortune 500 están registradas ahí. Entre esas empresas se encuentran Coca Cola, Ford, Google, Apple, General Electric y News Corp., la empresa de medios propietaria de The Wall Street Journal y el New York Post. Los magros impuestos que Delaware cobra son un gran negocio, pues representan casi la tercera parte de su presupuesto anual, pero al mismo tiempo, se traducen en una enorme pérdida para los estados y jurisdicciones de origen de estas empresas, como California, Michigan y Georgia.
Para los cleptócratas del mundo, hay un atractivo especial que tienen los paraísos fiscales de países desarrollados como Irlanda, Suiza, Estados Unidos y Reino Unido en comparación con los paraísos fiscales de países menos desarrollados, como San Vicente y las Granadinas. Esa ventaja es el Estado de derecho. Los derechos de los propietarios de bienes raíces se encuentran protegidos por estrictas leyes que se defienden ante tribunales imparciales, lo cual impide intervenciones políticas arbitrarias. Es raro que un político corrupto o un criminal de altos vuelos reinvierta el producto de sus ganancias en su país de origen; por regla general invierten en propiedades en países desarrollados que convenientemente toleran esas inversiones sin hacer demasiadas preguntas.
La existencia de paraísos fiscales en países desarrollados no solamente es una gran contradicción con el discurso anticorrupción del G-20 y la OCDE. También, como lo ha expuesto Thomas Piketti, son una parte importante del entramado de condiciones que profundizan la desigualdad en el mundo. Pensar que es posible combatir la corrupción, el crimen organizado, el terrorismo, la evasión fiscal, y al mismo tiempo abatir la desigualdad sin abordar a fondo el problema de los paraísos fiscales, es un disparate y un sinsentido. Mientras haya lugares como Delaware –donde se ubica la residencia privada del presidente Biden, por cierto–, habrá un lugar seguro donde evadir impuestos, lavar dinero y ocultar las ganancias del crimen organizado y la corrupción.