Los gobiernos se enfrentan a un dilema permanente, a dos propósitos en constante tensión: el de conseguir sus objetivos y hacerlo de la forma más eficiente posible. Con una restricción de gasto definida por el Presupuesto y la capacidad de recaudación, y con ciudadanos que vigilan y observan la pertinencia del gasto público, los gobiernos deben buscar la forma de gastar menos, gastar mejor y generar ahorros.
El fin central de los gobiernos no es ahorrar, es generar resultados. Los gobiernos están ahí para dar seguridad a los ciudadanos, proveer servicios públicos, generar condiciones para el crecimiento económico y, en términos más generales, para que las personas puedan ser felices. Todas esas responsabilidades requieren necesariamente la inversión de recursos, de gasto.
Si bien la naturaleza del trabajo de los gobiernos implica gastar, los gobiernos en democracias tienen la responsabilidad de rendir cuentas de sus gastos y de cuidar la forma como se maneja el tesoro público. Cuidar el gasto del gobierno implica varias cosas. Por un lado, reducir el gasto superfluo, el gasto que no genera valor agregado en términos del bienestar social, de los objetivos del gobierno y que pone en riesgo el manejo responsable de las finanzas públicas; implica también reducir las pérdidas por fraude y corrupción, que hacen que el gobierno desperdicie dinero y gaste de forma ineficiente. Cuidar el gasto lleva también a pensar en el impacto del gasto, en el bang for the buck, y de cómo cada peso gastado se traduce en más y mejores resultados.
Una forma tradicional en el gobierno de México para contener el gasto han sido los recortes transversales. Los recortes transversales son ciegos e irracionales; generalmente se les pide a las dependencias que reduzcan su plantilla de personal y su gasto en un porcentaje definido de manera arbitraria por Hacienda. Lo mismo se reduce el gasto en áreas que generan resultados reales que en las que son ineficientes. Los recortes simplemente reducen el alcance del gobierno para bien y para mal; lo empequeñecen con todos sus defectos y todas sus virtudes, en lugar de hacer el gasto más eficiente. Cuando se tiene como objetivo único ahorrar, se pierde el logro de resultados. Cuando los recortes se hacen sin hacer una valoración sobre su impacto, si bien sirven para liberar recursos en el corto plazo, no generan más resultados o mayor bienestar, más bien al contrario, generan costos sociales.
Paradójicamente, los recortes transversales que buscan ahorrar pueden salir más caros que no hacerlos. Cuando los recortes transversales afectan las áreas del gobierno encargadas precisamente de la vigilancia y evaluación del gasto, del análisis de riesgos de desastres, de la atención preventiva de enfermedades, o bien limitan la capacidad del propio gobierno para diseñar mejores políticas para mejorar la eficiencia, las oportunidades de ahorro estratégico se pierden y las consecuencias para el gasto en el mediano y largo plazo son peores.
Si lo que se busca es lograr una reducción eficiente del gasto sin comprometer resultados, el gobierno podría enfatizar el uso de la información de seguimiento y evaluación de políticas públicas y diseñar los presupuestos de las dependencias con base en los resultados y la evidencia. El gobierno federal cuenta con información histórica del desempeño de los programas presupuestarios que puede ser utilizada para mejorar el gasto y conseguir mejores resultados con menos dinero. Los indicadores de desempeño y las evaluaciones ofrecen datos útiles para identificar programas de subsidios que en realidad tienen efectos regresivos, eliminar duplicidades, implementar mejoras a los programas existentes y, en suma, lograr más objetivos con una menor inversión de recursos.
El uso de herramientas tecnológicas de análisis de datos ofrece otra oportunidad para descubrir áreas en las que se derrocha, identificar posibles casos de corrupción y mejorar la forma como opera el gobierno, en especial en lo que se refiere a compras públicas. La construcción de modelos de análisis de riesgos es sin duda un reto, dada la complejidad que implica homologar bases de datos e integrarlas en sistemas. Pero la tecnología actual y la experiencia de otros países hace cada vez más fácil y barato el diseño y adopción de modelos analíticos de identificación de riesgos, fraudes, abusos y corrupción. Otra manera de identificar oportunidades de ahorro sin comprometer resultados es hacer una revisión de la literatura sobre mejores prácticas de ahorro en gobierno, y de adoptar esas ideas de forma creativa, adaptándolas a la realidad de nuestro país. Está demostrado que, con estrategias sencillas para reducir el gasto en electricidad, papel y otros insumos que utilizan las oficinas de gobierno se puede generar ahorros muy importantes. Me pregunto, por ejemplo, ¿cuántas dependencias de gobierno utilizan en sus flotillas autos híbridos?, ¿cuántas han instalado paneles de energía solar en sus azoteas?, ¿cuántas se aseguran de apagar la luz y reducir el gasto de energía en las noches o los fines de semana?
Gastar menos o gastar más no significa necesariamente gastar mejor. Gastar más en educación o salud, por ejemplo, no significa en automático tener mejores resultados en esas áreas, sobre todo si se mantienen políticas públicas ineficientes, si no se identifican las áreas de riesgo para la corrupción, y si no se implantan estrategias de ahorro estratégicas y creativas. Recortar arbitrariamente el gasto implica necesariamente un costo social; reducir la capacidad del gobierno para generar resultados no es ahorrar, no es transformar, es cometer un fraude contra los ciudadanos.