Austeridad y combate a la corrupción han sido los dos badajos del péndulo discursivo de esta administración. Han sido una especie de mantra, de salmo responsorial al que se regresa cada vez que se pide una explicación sobre cómo se va a mejorar el desempeño de cierta área del gobierno: "Austeridad y combate al a corrupción".
En realidad, las expectativas que se tenían de ahorro para el gobierno eran excesivamente optimistas. En el "Proyecto de Nación 2018-2024" del partido Morena, presentado el 20 de noviembre de 2017, los ahorros esperados con las "20 medidas para el ahorro y uso racional de los recursos y reasignación del gasto" para el primer año de gobierno, eran de 412 millardos (miles de millones) 718 millones de pesos. De ese mismo documento, el ahorro anual esperado por el combate a la corrupción –y de acuerdo con mis propios cálculos– era de un billón (un millón de millones), 815 millardos, 734 millones 239 mil 210 pesos. Si sumamos a eso los ahorros esperados de la reducción de la población carcelaria en 45 por ciento, el total es dos billones, 256 millardos, 503 mil 989 millones de pesos para el primer año de gobierno. Casi el 39 por ciento del presupuesto anual aprobado por el Congreso para 2019, que es de cinco billones, 814 millardos, 291.7 millones de pesos.
No sólo las expectativas eran excesivas, también hay que tomar en cuenta que la teoría y la evidencia de los estudios sobre combate a la corrupción indican que su abatimiento no necesariamente genera ahorros o nuevos ingresos para los gobiernos. Abatir la corrupción puede generar algunos ahorros para el gobierno por la eliminación de sobreprecios en compra de bienes y servicios, y más ingresos en la forma de una mayor recaudación, pero quien paga la mayor parte de los costos de la corrupción son los ciudadanos, la sociedad.
La corrupción la pagan los ciudadanos porque impide las transacciones comerciales entre particulares, desalienta la inversión y reduce el crecimiento económico, con lo cual se pierden oportunidades de generar empleos. Los ciudadanos financian la corrupción porque los empresarios muchas veces son extorsionados para acceder a un contrato con el gobierno, o porque los ciudadanos tienen que pagar mordidas para obtener servicios públicos. Los ciudadanos también deben pagar las ineficiencias que genera la corrupción con mayor burocracia, servicios públicos de menor calidad (salud, educación, agua, electricidad, etcétera) y un sistema de justicia que beneficia sólo a quienes tienen dinero.
No cabe duda de que en un país con las desigualdades que tiene México, y con el reciente historial de corrupción, era necesaria una política de austeridad en el manejo de los recursos públicos. Sin embargo, la versión de austeridad en el gasto público que se ha aplicado en México, con recortes arbitrarios y sin enfoque estratégico, no es el mejor instrumento para generar ahorros ni para mejorar la calidad de los servicios del gobierno ni para combatir la corrupción. Las políticas de austeridad draconianas aplicadas en México limitan la capacidad del gobierno para cumplir con su responsabilidad e impiden el crecimiento económico. La austeridad no estratégica, como lo ha señalado el premio Nobel Amartya Sen, es fundamentalmente una política anticrecimiento (https://www.newstatesman.com/politics/2015/06/amartya-sen-economic-consequences-austerity), y en ausencia de crecimiento es difícil generar un mayor espacio fiscal.
La austeridad sin foco estratégico puede agravar la corrupción, al precarizar las condiciones de vida de los servidores públicos que podrían buscar fuentes "alternativas" de ingresos. Limitar la oferta y acceso de los ciudadanos a bienes y servicios públicos como gasolina, crédito, medicinas y atención médica, por ejemplo, genera una demanda no atendida que podría encontrar salida en la informalidad, el contrabando y el mercado negro. Sumado a eso, hay que tomar en cuenta la trágica contradicción de que las áreas anticorrupción del gobierno también han sido afectadas por los recortes, por lo que sus capacidades para vigilar e investigar se debilitaron.
Se desaprovechó la oportunidad de hacer una revisión cuidadosa y responsable de las necesidades de gasto del gobierno, tal vez con una estrategia de presupuesto base cero, y de hacer ese gasto compatible con los objetivos estratégicos de esta administración. Hubo tiempo para hacerlo en los meses previos a la elección, pues el triunfo de López Obrador se veía desde lejos, y también después, durante el largo período de transición, pero no se hizo. En lugar de eso tenemos expectativas que no se cumplieron y un recorte transversal y arbitrario, como muchos que ya se habían hecho en el pasado, que necesariamente afectará las áreas que son estratégicas para el gobierno y su capacidad de generar logros que le den mayor legitimidad.